Muchos países de la Región de las Américas siguen trabajando con el fin de mejorar la capacidad resolutiva del primer nivel de atención. Varios países, como Belice, Bolivia (Estado Plurinacional de), Canadá, Chile y Honduras, han formulado políticas y estrategias encaminadas a mejorar el acceso a la atención primaria, brindar apoyo a los profesionales de la salud, aumentar la capacidad para abordar las enfermedades crónicas, mejorar los cuidados preventivos y paliativos, y promover la integración de las redes de salud, incluido el uso de la telesalud. Otros países, como Argentina, Costa Rica, Ecuador y Guyana, se han concentrado en fortalecer la gobernanza, mejorar la infraestructura, fomentar la colaboración intersectorial y reforzar los servicios de salud maternoinfantil. A pesar de estos esfuerzos, todavía queda mucho por hacer, en particular en lo que respecta al fomento de la integración de los servicios de salud con un enfoque de equidad. La continuidad de esta labor es crucial para lograr un impacto a largo plazo en los resultados de salud.

El 2022 se dedicó principalmente a la recuperación del impacto de la pandemia de COVID 19, con especial énfasis en el restablecimiento de los procedimientos de tamizaje interrumpidos. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha estado trabajando para facilitar la adopción de la prueba del VPH como principal procedimiento de detección y, al mismo tiempo, ha colaborado en la formulación de estrategias nacionales integrales encaminadas a erradicar el cáncer cervicouterino por medio de la vacunación contra el VPH.
En el bienio 2022-2023, la OPS, en colaboración con el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC), trabajó en el proyecto CanScreen5, cuya finalidad fue comprender los obstáculos para el logro de las metas relativas a los exámenes de detección. Además, se buscaron métodos para dar seguimiento a los avances usando indicadores estandarizados. Posteriormente, la OPS compiló y publicó un informe regional que presenta un panorama general del estado actual del control del cáncer cervicouterino en la Región de las Américas, basado en todos los datos disponibles.

En toda la Región de las Américas se está adoptando ampliamente el Programa de la OMS de Acción para Superar las Brechas en Salud Mental (mhGAP, por su sigla en inglés) para integrar la atención basada en la evidencia en entornos de atención primaria por medio de trabajadores de salud no especializados.
Se ofrecieron 107 cursos sobre el MhGAP en los países. Además, 25 países recibieron capacitación sobre la integración de la salud mental en la atención primaria de salud, y se capacitó a 144 790 miembros del personal de salud. Entre los países y territorios que recibieron capacitación se encuentran Aruba, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas. Una mayor integración de la salud mental en la atención primaria puede mejorar el proceso continuo de atención de los problemas de salud mental. Durante el bienio se observó en Belice un aumento del diagnóstico de estos problemas en pacientes ambulatorios.
La adopción del mhGAP en los países de América Latina, donde se han incorporado 4131 instructores nuevos, representa un gran avance en algunos indicadores clave. Por ejemplo, en Chile se ha capacitado a 5144 personas, y en México, a 136 131. Ambos países han integrado el mhGAP en sus políticas nacionales de salud mental. Paraguay ha capacitado a 103 personas con 67 instructores y ha incorporado el mhGAP en su política nacional, lo cual demuestra un avance notable.

Como parte del proceso de desinstitucionalización, se impartió un curso de gestión de crisis de salud mental a socorristas de Saint Kitts y Nevis y Bahamas. Los procesos de desinstitucionalización se aceleraron en varios países para efectuar la transición a servicios basados en la comunidad. Por ejemplo, Paraguay ha avanzado en la transición de los pacientes de un hospital psiquiátrico nacional a la atención de salud mental integrada en la comunidad, y el año pasado brindó apoyo a 156 pacientes en nuevos centros municipales. La respuesta móvil a las crisis adquirió más prominencia como alternativa frente a las hospitalizaciones. Otro ejemplo es el servicio de respuesta a emergencias de Bahamas, que ha prevenido hospitalizaciones evitables. Ahora hay programas similares de asistencia en tres provincias argentinas.

La violencia sexual es un problema especialmente grave en la Región de las Américas que requiere la intervención oportuna del sistema de salud para mitigar las consecuencias para la salud y el bienestar de las personas sobrevivientes. La necesidad de contar con servicios integrales de atención posteriores a la agresión sexual (es decir, después de la violación) en los servicios de salud de urgencia se reitera en la Estrategia y plan de acción sobre el fortalecimiento del sistema de salud para abordar la violencia contra la mujer, en la que se define la atención posterior a la violación con inclusión de lo siguiente:
a) apoyo de primera línea y primeros auxilios psicológicos;
b) anticoncepción de urgencia para las mujeres que solicitan atención dentro de los cinco días siguientes al incidente;
c) derivación para un aborto seguro si la mujer queda embarazada como consecuencia de la violación, cuando dichos servicios estén permitidos en la legislación nacional;
d) profilaxis posterior a la exposición a las infecciones de transmisión sexual o al VIH, según los protocolos aplicables;
e) vacunación contra la hepatitis B.
La Oficina Sanitaria Panamericana (la Oficina) ha brindado apoyo a los Estados Miembros en el fortalecimiento de la respuesta del sistema de salud a la violencia sexual, incluso mediante la mejora de los protocolos de los sistemas de salud y la capacitación del personal. Un análisis reciente de los protocolos de los sistemas de salud reveló que las referencias textuales a estos servicios esenciales de atención después de una violación siguen siendo limitadas. Por ejemplo, el 54% de los Estados Miembros hacen referencia al apoyo de primera línea en sus protocolos, mientras que el 43% menciona la vacunación contra la hepatitis B, lo cual muestra importantes lagunas. Aunque una referencia textual a estos criterios no significa necesariamente que los servicios correspondientes estén disponibles y sean accesibles, es importante, como punto de partida, que se los mencione específicamente en los protocolos que describen la respuesta del sistema de salud a la violencia contra las mujeres. Cabe destacar que un obstáculo en esta área es la falta de herramientas de evaluación de los servicios de salud para determinar los avances en la atención posterior a la violación de acuerdo con los indicadores establecidos. En respuesta a ello, la Oficina ha colaborado con varios Estados Miembros en la elaboración y puesta a prueba de una herramienta de evaluación rápida de los servicios para la atención posterior a la agresión sexual. Esta herramienta podría mejorar el seguimiento de este indicador más allá de los países piloto (Argentina, Colombia, Honduras, Perú) y ayudar a mejorar la calidad de la atención posterior a la agresión sexual.

A pesar de un retroceso con respecto a la línea de base, algunos países están avanzando hacia la meta. Un país se considera “en riesgo” porque ha notificado avances en el aumento de la capacidad de los equipos interprofesionales en el primer nivel de atención, pero aún no ha alcanzado el nivel que requiere su modelo de atención. Entre los ejemplos de avances realizados en los países que están bien encaminados se encuentran el apoyo de la Oficina Sanitaria Panamericana (la Oficina) para la preparación de propuestas técnicas que estén en consonancia con la reforma nacional del sector de la salud, el trabajo conjunto de la Oficina y el sector académico con el fin de definir la composición y organización de los equipos interprofesionales, y la aprobación de resoluciones sobre la atención primaria de salud que posibilitan la formación de equipos interprofesionales en los países.

Uno de los objetivos del Plan de acción sobre recursos humanos para el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud 2018-2023 era la formación de equipos interprofesionales en el primer nivel de atención que guiaran a los países hacia el logro de esta meta. Además, la Política sobre el personal de salud 2030: fortalecimiento de los recursos humanos para la salud a fin de lograr sistemas de salud resilientes contiene medidas para fortalecer la formación de equipos interprofesionales e incorporarlos en las redes integradas de servicios de salud basadas en la atención primaria como línea estratégica, lo cual apoyará los esfuerzos de los países que están encaminados para alcanzar este objetivo.

Los obstáculos para el acceso se exacerbaron durante la pandemia de COVID-19 y afectaron tanto a la oferta como a la demanda de servicios de salud. El logro de este indicador está en riesgo en cinco países debido a la falta de datos actualizados para medir el indicador y a los escasos avances en la reducción de los obstáculos informados. Sin embargo, hay otros cinco países que han alcanzado este indicador o están encaminados para alcanzarlo después de realizar grandes avances en la superación de las interrupciones de los servicios y la reducción de los obstáculos para el acceso a los servicios de salud en general. Comprender estos obstáculos para el acceso a la atención de salud y la magnitud resultante de las necesidades insatisfechas es fundamental para dar seguimiento a los avances hacia el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud, pero la medición de los obstáculos para el acceso y la aplicación de opciones de política para reducirlos y eliminarlos siguen siendo un reto.

Se han logrado avances sustanciales en la evaluación de capacidades y la formulación de planes de acción para fortalecer las funciones esenciales de salud pública (FESP). Un país ya ha alcanzado este indicador, y 12 de los 17 países están encaminados para alcanzarlo. Dos países están en riesgo, y dos no han mostrado avances, ya que no se ha hecho una evaluación reciente de las FESP. Los países que van por buen camino han concluido la evaluación de referencia, y los resultados muestran que se ha alcanzado menos del 60% de la capacidad para desempeñar estas funciones, pero están avanzando en la ejecución de planes de acción para mejorar la capacidad y podrían alcanzar ese umbral. Las medidas para fortalecer el liderazgo, la gobernanza y la capacidad institucional, junto con la colaboración intersectorial y la cooperación técnica, están contribuyendo a la trayectoria positiva de este indicador.

El número de países que notifican datos sobre el estigma en los servicios de salud ha aumentado, pero esto todavía no se ha convertido en una acción sistemática para apoyar la reducción del estigma y mejorar el acceso de los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres a los servicios de salud.

Las condiciones actuales después de la pandemia siguen menoscabando la capacidad de los países para llevar a cabo eficazmente intervenciones sobre el terreno a fin de hacer frente a este problema. Se esperan mayores logros en el próximo bienio (2024-2025).

Aunque la calificación actual de este indicador es “sin avances”, los países han podido abordar los factores de riesgo de las enfermedades transmisibles mediante la adopción de medidas intersectoriales con apoyo técnico de la Oficina Sanitaria Panamericana. Desde la perspectiva de la salud pública integrada que forma parte del enfoque de “Una salud”, los países están registrando mejoras tangibles en los resultados de salud pública. Entre los principales avances cabe destacar la ejecución de planes de acción nacional para combatir la resistencia a los antimicrobianos, el desarrollo y fortalecimiento de sistemas nacionales de inocuidad de los alimentos basados en el Codex Alimentarius, y un mejor acceso a antídotos que salvan vidas como consecuencia de la producción en laboratorios de salud pública y su inclusión en los fondos rotatorios de la Organización Panamericana de la Salud.

Durante el bienio, los países de la Región de las Américas avanzaron en la mejora de sus sistemas de control de los alimentos a fin de prevenir y mitigar los riesgos para la inocuidad de los alimentos. La Oficina Sanitaria Panamericana ha proporcionado orientación técnica a varios países (Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Ecuador, Honduras, Panamá, Perú, Paraguay y Uruguay) para mejorar sus sistemas de control de alimentos sobre la base de los principios del análisis de riesgos (gestión de riesgos, evaluación de riesgos y comunicación de riesgos).

Los logros de los países incluyen la formulación de políticas nacionales de inocuidad de los alimentos y programas del Codex Alimentarius para el establecimiento y la aplicación de normas de la granja a la mesa con un enfoque de “Una salud” (Guatemala, Guyana, Honduras, El Salvador). Además, Colombia, Haití, Paraguay y República Dominicana están mejorando la capacidad de sus mercados tradicionales de alimentos a fin de prevenir los riesgos emergentes para la inocuidad de los alimentos en el marco del enfoque de “Una salud”. En el Caribe se hizo una encuesta con el propósito de evaluar la preparación de los sistemas de control de los alimentos para mitigar los riesgos relacionados con el cambio climático (Barbados, Guyana, Jamaica, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, y Trinidad y Tabago). Sobre la base de los resultados de esta encuesta, Barbados y Trinidad y Tabago elaboraron planes nacionales de inocuidad de los alimentos resilientes al clima. Uno de los principales desafíos para alcanzar el indicador a nivel de país es la alta rotación de los funcionarios de la administración pública. Se comprobó la importancia de facilitar la colaboración entre sectores y hacer un seguimiento regular de la ejecución de las políticas, los programas y los planes elaborados. La Oficina Sanitaria Panamericana ha movilizado recursos con el fin de mejorar y armonizar la capacidad de los países de América Latina para efectuar análisis de riesgos en materia de inocuidad de los alimentos.