Muchos países de la Región de las Américas siguen trabajando con el fin de mejorar la capacidad resolutiva del primer nivel de atención. Varios países, como Belice, Bolivia (Estado Plurinacional de), Canadá, Chile y Honduras, han formulado políticas y estrategias encaminadas a mejorar el acceso a la atención primaria, brindar apoyo a los profesionales de la salud, aumentar la capacidad para abordar las enfermedades crónicas, mejorar los cuidados preventivos y paliativos, y promover la integración de las redes de salud, incluido el uso de la telesalud. Otros países, como Argentina, Costa Rica, Ecuador y Guyana, se han concentrado en fortalecer la gobernanza, mejorar la infraestructura, fomentar la colaboración intersectorial y reforzar los servicios de salud maternoinfantil. A pesar de estos esfuerzos, todavía queda mucho por hacer, en particular en lo que respecta al fomento de la integración de los servicios de salud con un enfoque de equidad. La continuidad de esta labor es crucial para lograr un impacto a largo plazo en los resultados de salud.

En términos generales, si bien hubo un retroceso respecto de la línea de base, los países alcanzaron este indicador del resultado intermedio o están encaminados para alcanzarlo y mejorar la salud y el desarrollo infantiles. Algunos países están aplicando una estrategia nacional de salud materna y neonatal, pero es necesario mejorar el seguimiento y la armonización de esas estrategias con el marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Las estrategias para avanzar incluyen la adopción y aplicación en la Región de las Américas de los marcos de la OMS sobre la crianza para la salud a lo largo de toda la vida y la escala mundial para el desarrollo de la primera infancia.

Como parte de la ejecución de la iniciativa ETMI Plus, la Oficina Sanitaria Panamericana ha estado trabajando con las autoridades nacionales de salud para fortalecer la respuesta nacional a la sífilis y la sífilis congénita, con miras al logro de las metas de eliminación. La cobertura del tratamiento de la sífilis para las embarazadas que tienen la infección ha sido históricamente alta en América Latina y el Caribe, y llegó al 89% en el 2023. En 11 países se ha validado la eliminación doble de la transmisión maternoinfantil del VIH y la sífilis, y otros países han mostrado avances y podrían estar listos para solicitar la validación dentro de poco.

La reducción del tiempo que se tarda en diagnosticar y tratar los casos de malaria es un indicador esencial para combatir esta enfermedad, y es una de las esferas prioritarias del marco técnico de cooperación de la Organización Panamericana de la Salud. El acceso temprano al tratamiento ha sido la piedra angular de la estrategia regional, que abarca desde el mantenimiento de la capacidad de diagnóstico y la promoción del uso de pruebas rápidas hasta el manejo de los antimaláricos, la promoción de la microplanificación y la aplicación de la estrategia de diagnóstico, tratamiento, investigación y respuesta.



Gracias a los sistemas de información nominal, todos los países donde la malaria es endémica dan seguimiento a la fecha del diagnóstico y la fecha de inicio del tratamiento. Aunque muchos países dijeron que cumplían la menta del indicador, el cumplimiento parcial por dos países incluidos en la línea de base podría afectar el desempeño general con respecto al indicador. Todos los países donde la malaria es endémica siguen teniendo dificultades para acortar el tiempo que transcurre entre la aparición de los síntomas y el tratamiento, y deben dar prioridad a las medidas para abordar los obstáculos que enfrenta la población para acceder al tratamiento.



Sin embargo, como se señala en las especificaciones técnicas, este indicador es variable y difícil de alcanzar en entornos de transmisión baja, razón por la cual se acaba por penalizar a los países que logran reducir mucho el número de casos. A medida que la transmisión disminuye, se tarda más en detectar los casos. Por lo tanto, se prevé que los países incluidos en la línea de base que están reduciendo la transmisión de la malaria, así como otros países que están reduciendo notablemente el volumen de casos, tengan dificultades para alcanzar el indicador para el 2025, a pesar de haber avanzado hacia la eliminación.

Se está trabajando en el fortalecimiento de la capacidad de vigilancia de las enfermedades arbovirales en los países para facilitar el seguimiento de la mayor epidemia de dengue jamás registrada en la Región de las Américas. Se han logrado grandes avances con la vigilancia colaborativa basada en la creación de espacios virtuales de colaboración. Además, se ha preparado un nuevo manual de procedimientos para la vigilancia integrada de las enfermedades arbovirales tras dos reuniones de consulta con expertos de los países.

La Oficina Sanitaria Panamericana seguirá brindando apoyo a los países en riesgo en la realización de campañas de seguimiento para actualizar el estado de vacunación de menores de 5 años no vacunados. De esta forma se debería mejorar la cobertura de la vacunación con las vacunas SRP-1 y SRP-2 para fines del 2023. Los países presentan los datos del 2023 en el primer trimestre del 2024 por medio del formulario electrónico para la notificación conjunta de la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Los países de la Región de las Américas han hecho grandes esfuerzos para incorporar la vacuna en sus esquemas nacionales de vacunación; al 31 de diciembre del 2023, solo cuatro no habían introducido la vacuna contra el VPH. En 26 países de la Región se está vacunando a la población infantil, y 12 países han pasado a un esquema de dosis única.

En toda la Región de las Américas se está adoptando ampliamente el Programa de la OMS de Acción para Superar las Brechas en Salud Mental (mhGAP, por su sigla en inglés) para integrar la atención basada en la evidencia en entornos de atención primaria por medio de trabajadores de salud no especializados.
Se ofrecieron 107 cursos sobre el MhGAP en los países. Además, 25 países recibieron capacitación sobre la integración de la salud mental en la atención primaria de salud, y se capacitó a 144 790 miembros del personal de salud. Entre los países y territorios que recibieron capacitación se encuentran Aruba, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas. Una mayor integración de la salud mental en la atención primaria puede mejorar el proceso continuo de atención de los problemas de salud mental. Durante el bienio se observó en Belice un aumento del diagnóstico de estos problemas en pacientes ambulatorios.
La adopción del mhGAP en los países de América Latina, donde se han incorporado 4131 instructores nuevos, representa un gran avance en algunos indicadores clave. Por ejemplo, en Chile se ha capacitado a 5144 personas, y en México, a 136 131. Ambos países han integrado el mhGAP en sus políticas nacionales de salud mental. Paraguay ha capacitado a 103 personas con 67 instructores y ha incorporado el mhGAP en su política nacional, lo cual demuestra un avance notable.

Como parte del proceso de desinstitucionalización, se impartió un curso de gestión de crisis de salud mental a socorristas de Saint Kitts y Nevis y Bahamas. Los procesos de desinstitucionalización se aceleraron en varios países para efectuar la transición a servicios basados en la comunidad. Por ejemplo, Paraguay ha avanzado en la transición de los pacientes de un hospital psiquiátrico nacional a la atención de salud mental integrada en la comunidad, y el año pasado brindó apoyo a 156 pacientes en nuevos centros municipales. La respuesta móvil a las crisis adquirió más prominencia como alternativa frente a las hospitalizaciones. Otro ejemplo es el servicio de respuesta a emergencias de Bahamas, que ha prevenido hospitalizaciones evitables. Ahora hay programas similares de asistencia en tres provincias argentinas.

Ningún país ha alcanzado la meta de este indicador, aunque se informa que cuatro países están encaminados para hacerlo en el 2025.

Los indicadores de protección financiera en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (gastos catastróficos que empobrecen a los hogares) se elaboran a partir de encuestas de hogares que recopilan datos pertinentes. Estas encuestas se llevan a cabo en los países en distintos momentos, pero casi siempre a intervalos de cinco o diez años. Muchos países tienen grandes dificultades para realizar estas encuestas, lo cual provoca un retraso de varios años en la disponibilidad de los datos.

Solo cuatro países de la Región de las Américas (Bolivia [Estado Plurinacional de], Estados Unidos de América, México y Perú) estarían en condiciones de calcular estos indicadores y cuentan con datos sobre dos años o más (puntos de datos) del período 2019-2025 (o años adyacentes pertinentes) para calcular la variación. Otros cuatro países (Colombia, El Salvador, Panamá y República Dominicana) tienen actualmente un punto de datos para los años pertinentes o adyacentes, y podrían concluir la medición hacia el final del período, en el 2025. Por lo tanto, se recomienda eliminar su medición o simplemente limitar la línea de base y la meta de los indicadores a los países sobre los cuales haya suficientes datos.

La Organización Panamericana de la Salud da seguimiento a estos indicadores en colaboración con la Organización Mundial de la Salud. Se proporciona capacitación a los países para que los usen, y se alienta a que lo hagan, a fin de que puedan hacer encuestas y analizar los resultados. Más recientemente, la Oficina Sanitaria Panamericana ha comenzado a analizar los factores determinantes que contribuyen a la falta de protección financiera. Esto permitirá a los países contar con más evidencia para mejorar sus políticas.

Solo un país ha alcanzado la meta de este indicador, aunque se informa que otros tres están encaminados para hacerlo en el 2025.

Los indicadores de protección financiera en el marco de los Objetivo de Desarrollo Sostenible (gastos catastróficos que empobrecen a los hogares) se elaboran a partir de encuestas de hogares que recopilan datos pertinentes. Estas encuestas se llevan a cabo en los países en distintos momentos, pero casi siempre a intervalos de cinco o diez años. Muchos países tienen grandes dificultades para realizar estas encuestas, lo cual provoca un retraso de varios años en la disponibilidad de los datos.

Solo cuatro países de la Región de las Américas (Bolivia [Estado Plurinacional de], Estados Unidos de América, México y Perú) estarían en condiciones de calcular estos indicadores y cuentan con datos sobre dos años o más (puntos de datos) del período 2019-2025 (o años adyacentes pertinentes) para calcular la variación. Otros cuatro países (Colombia, El Salvador, Panamá y República Dominicana) tienen actualmente un punto de datos para los años pertinentes o adyacentes, y podrían concluir la medición hacia el final del período, en el 2025. Por lo tanto, se recomienda eliminar su medición o simplemente limitar la línea de base y la meta de los indicadores a los países sobre los cuales haya suficientes datos.

La Organización Panamericana de la Salud da seguimiento a estos indicadores en colaboración con la Organización Mundial de la Salud. Se proporciona capacitación a los países para que los usen, y se alienta a que lo hagan, a fin de que puedan hacer encuestas y analizar los resultados. Más recientemente, la Oficina Sanitaria Panamericana ha comenzado a analizar los factores determinantes que contribuyen a la falta de protección financiera. Esto permitirá a los países contar con más evidencia para mejorar sus políticas.