Muchos países de la Región de las Américas siguen trabajando con el fin de mejorar la capacidad resolutiva del primer nivel de atención. Varios países, como Belice, Bolivia (Estado Plurinacional de), Canadá, Chile y Honduras, han formulado políticas y estrategias encaminadas a mejorar el acceso a la atención primaria, brindar apoyo a los profesionales de la salud, aumentar la capacidad para abordar las enfermedades crónicas, mejorar los cuidados preventivos y paliativos, y promover la integración de las redes de salud, incluido el uso de la telesalud. Otros países, como Argentina, Costa Rica, Ecuador y Guyana, se han concentrado en fortalecer la gobernanza, mejorar la infraestructura, fomentar la colaboración intersectorial y reforzar los servicios de salud maternoinfantil. A pesar de estos esfuerzos, todavía queda mucho por hacer, en particular en lo que respecta al fomento de la integración de los servicios de salud con un enfoque de equidad. La continuidad de esta labor es crucial para lograr un impacto a largo plazo en los resultados de salud.

En términos generales, si bien hubo un retroceso respecto de la línea de base, los países alcanzaron este indicador del resultado intermedio o están encaminados para alcanzarlo y mejorar la salud y el desarrollo infantiles. Algunos países están aplicando una estrategia nacional de salud materna y neonatal, pero es necesario mejorar el seguimiento y la armonización de esas estrategias con el marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Las estrategias para avanzar incluyen la adopción y aplicación en la Región de las Américas de los marcos de la OMS sobre la crianza para la salud a lo largo de toda la vida y la escala mundial para el desarrollo de la primera infancia.

En términos generales, la mayor parte de los países están bien encaminados en lo que se refiere a las medidas para prevenir la dependencia de los cuidados. El movimiento de la Década del Envejecimiento Saludable ofrece una gran oportunidad para promover esta agenda e impulsar a los países a adoptar medidas que conduzcan a la atención integrada y a la acción intersectorial, especialmente en lo que respecta a entornos propicios y la protección de los derechos de las personas mayores.

Como parte de la ejecución de la iniciativa ETMI Plus, la Oficina Sanitaria Panamericana ha estado trabajando con las autoridades nacionales de salud para fortalecer la respuesta nacional a la sífilis y la sífilis congénita, con miras al logro de las metas de eliminación. La cobertura del tratamiento de la sífilis para las embarazadas que tienen la infección ha sido históricamente alta en América Latina y el Caribe, y llegó al 89% en el 2023. En 11 países se ha validado la eliminación doble de la transmisión maternoinfantil del VIH y la sífilis, y otros países han mostrado avances y podrían estar listos para solicitar la validación dentro de poco.

La Oficina Sanitaria Panamericana seguirá brindando apoyo a los países en riesgo en la realización de campañas de seguimiento para actualizar el estado de vacunación de menores de 5 años no vacunados. De esta forma se debería mejorar la cobertura de la vacunación con las vacunas SRP-1 y SRP-2 para fines del 2023. Los países presentan los datos del 2023 en el primer trimestre del 2024 por medio del formulario electrónico para la notificación conjunta de la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

La pandemia afectó la cobertura de la vacunación con DPT. Aunque se están realizando esfuerzos para mejorar la cobertura y reducir las tasas de deserción, el objetivo es llegar a las personas que no han recibido suficientes dosis de esta vacuna.

Los países de la Región de las Américas han hecho grandes esfuerzos para incorporar la vacuna en sus esquemas nacionales de vacunación; al 31 de diciembre del 2023, solo cuatro no habían introducido la vacuna contra el VPH. En 26 países de la Región se está vacunando a la población infantil, y 12 países han pasado a un esquema de dosis única.

Los países de la Región de las Américas están avanzando hacia el establecimiento de protocolos estandarizados y basados en la evidencia para mejorar la calidad de la atención de la diabetes. Sin embargo, a la par de estos esfuerzos, la prevalencia de la obesidad, uno de los principales factores de riesgo de diabetes, sigue aumentando. En consecuencia, es difícil detener el aumento sostenido de la diabetes, lo cual refleja la necesidad de redoblar los esfuerzos y avanzar hacia una respuesta conjunta, integrada e integral a la diabetes y otras enfermedades no transmisibles y factores de riesgo. Además, debido a la necesidad de contar con datos poblacionales actualizados, estandarizados y comparables internacionalmente, es difícil evaluar los avances realizados en lo que se refiere a este indicador. El fortalecimiento de los sistemas de vigilancia de las enfermedades no transmisibles en la población, incluida la diabetes, tendría un efecto positivo en el seguimiento de este indicador.

Los servicios de rehabilitación son un componente fundamental de un sistema de salud, y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha estado trabajando con los Estados Miembros para evaluar las necesidades (análisis STARS) y formular planes estratégicos encaminados a aumentar la disponibilidad de servicios de rehabilitación y el acceso a los mismos en la Región de las Américas. La Asociación Americana del Habla, Lenguaje y Audición (ASHA), organización no gubernamental que mantiene relaciones oficiales con la OPS, ha proporcionado capacitación sobre terapia del habla y el lenguaje a prestadores de servicios de salud para aumentar la capacidad en esta área. Sin embargo, persisten muchos desafíos en cuanto al fortalecimiento general del sistema de salud relacionados con la rehabilitación, como la capacidad limitada y la insuficiencia de recursos humanos y financieros.

En el área del consumo de sustancias psicoactivas, la Organización Panamericana de la Salud organizó talleres para mejorar la calidad de los servicios de salud para las personas con problemas por consumo de sustancias psicoactivas. Asistieron al taller, que se realizó en Curaçao, 22 participantes de las seis islas holandesas del Caribe (Aruba, Curaçao, San Martín, Bonaire, San Eustaquio y Saba).

La violencia sexual es un problema especialmente grave en la Región de las Américas que requiere la intervención oportuna del sistema de salud para mitigar las consecuencias para la salud y el bienestar de las personas sobrevivientes. La necesidad de contar con servicios integrales de atención posteriores a la agresión sexual (es decir, después de la violación) en los servicios de salud de urgencia se reitera en la Estrategia y plan de acción sobre el fortalecimiento del sistema de salud para abordar la violencia contra la mujer, en la que se define la atención posterior a la violación con inclusión de lo siguiente:
a) apoyo de primera línea y primeros auxilios psicológicos;
b) anticoncepción de urgencia para las mujeres que solicitan atención dentro de los cinco días siguientes al incidente;
c) derivación para un aborto seguro si la mujer queda embarazada como consecuencia de la violación, cuando dichos servicios estén permitidos en la legislación nacional;
d) profilaxis posterior a la exposición a las infecciones de transmisión sexual o al VIH, según los protocolos aplicables;
e) vacunación contra la hepatitis B.
La Oficina Sanitaria Panamericana (la Oficina) ha brindado apoyo a los Estados Miembros en el fortalecimiento de la respuesta del sistema de salud a la violencia sexual, incluso mediante la mejora de los protocolos de los sistemas de salud y la capacitación del personal. Un análisis reciente de los protocolos de los sistemas de salud reveló que las referencias textuales a estos servicios esenciales de atención después de una violación siguen siendo limitadas. Por ejemplo, el 54% de los Estados Miembros hacen referencia al apoyo de primera línea en sus protocolos, mientras que el 43% menciona la vacunación contra la hepatitis B, lo cual muestra importantes lagunas. Aunque una referencia textual a estos criterios no significa necesariamente que los servicios correspondientes estén disponibles y sean accesibles, es importante, como punto de partida, que se los mencione específicamente en los protocolos que describen la respuesta del sistema de salud a la violencia contra las mujeres. Cabe destacar que un obstáculo en esta área es la falta de herramientas de evaluación de los servicios de salud para determinar los avances en la atención posterior a la violación de acuerdo con los indicadores establecidos. En respuesta a ello, la Oficina ha colaborado con varios Estados Miembros en la elaboración y puesta a prueba de una herramienta de evaluación rápida de los servicios para la atención posterior a la agresión sexual. Esta herramienta podría mejorar el seguimiento de este indicador más allá de los países piloto (Argentina, Colombia, Honduras, Perú) y ayudar a mejorar la calidad de la atención posterior a la agresión sexual.