Tres países meta (BRA, CUW, DOM) no completaron la evaluación. Estos 3 países no se tuvieron en cuenta en la evaluación general del indicador.
Comentarios OSP
Muchos países de la Región de las Américas siguen trabajando con el fin de mejorar la capacidad resolutiva del primer nivel de atención. Varios países, como Belice, Bolivia (Estado Plurinacional de), Canadá, Chile y Honduras, han formulado políticas y estrategias encaminadas a mejorar el acceso a la atención primaria, brindar apoyo a los profesionales de la salud, aumentar la capacidad para abordar las enfermedades crónicas, mejorar los cuidados preventivos y paliativos, y promover la integración de las redes de salud, incluido el uso de la telesalud. Otros países, como Argentina, Costa Rica, Ecuador y Guyana, se han concentrado en fortalecer la gobernanza, mejorar la infraestructura, fomentar la colaboración intersectorial y reforzar los servicios de salud maternoinfantil. A pesar de estos esfuerzos, todavía queda mucho por hacer, en particular en lo que respecta al fomento de la integración de los servicios de salud con un enfoque de equidad. La continuidad de esta labor es crucial para lograr un impacto a largo plazo en los resultados de salud.
Dos países de línea de base (BRA, DOM) no completaron la evaluación. Estos 2 países no se tuvieron en cuenta en la evaluación general del indicador.
Comentarios OSP
En términos generales, si bien hubo un retroceso respecto de la línea de base, los países alcanzaron este indicador del resultado intermedio o están encaminados para alcanzarlo y mejorar la salud y el desarrollo infantiles. Algunos países están aplicando una estrategia nacional de salud materna y neonatal, pero es necesario mejorar el seguimiento y la armonización de esas estrategias con el marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Las estrategias para avanzar incluyen la adopción y aplicación en la Región de las Américas de los marcos de la OMS sobre la crianza para la salud a lo largo de toda la vida y la escala mundial para el desarrollo de la primera infancia.
La Oficina Sanitaria Panamericana seguirá brindando apoyo a los países en riesgo en la realización de campañas de seguimiento para actualizar el estado de vacunación de menores de 5 años no vacunados. De esta forma se debería mejorar la cobertura de la vacunación con las vacunas SRP-1 y SRP-2 para fines del 2023. Los países presentan los datos del 2023 en el primer trimestre del 2024 por medio del formulario electrónico para la notificación conjunta de la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
No hubo consenso en los resultados de la evaluación para 3 países de línea de base (BMU, NIC, KNA) y 1 país meta (CRI). Además, 1 país de línea de base (CUW) y 1 país meta (DOM) no completaron la evaluación. Estos 6 países no se tuvieron en cuenta en la evaluación general del indicador.
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La pandemia afectó la cobertura de la vacunación con DPT. Aunque se están realizando esfuerzos para mejorar la cobertura y reducir las tasas de deserción, el objetivo es llegar a las personas que no han recibido suficientes dosis de esta vacuna.
Un país de línea de base (BRA) no completó la evaluación. Este país no se tuvo en cuenta en la evaluación general del indicador.
Comentarios OSP
Desde el 2020 se ha observado una disminución de la cobertura de la vacunación con la tercera dosis de la vacuna antineumocócica conjugada. En el 2023 se observó una mejora muy leve en comparación con el 2022 (81% frente al 80%). Esto, junto con la mejora de la cobertura de otras vacunas (por ejemplo, la pentavalente), podría indicar que la cobertura de la vacunación con tres dosis de vacuna antineumocócica conjugada ha comenzado a recuperarse. Es importante seguir de cerca el progreso de los Estados Miembros.
Tres países de línea de base (BRA, DOM, GLP) no completaron la evaluación. Estos 3 países no se tuvieron en cuenta en la evaluación general del indicador.
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Los países de la Región de las Américas han hecho grandes esfuerzos para incorporar la vacuna en sus esquemas nacionales de vacunación; al 31 de diciembre del 2023, solo cuatro no habían introducido la vacuna contra el VPH. En 26 países de la Región se está vacunando a la población infantil, y 12 países han pasado a un esquema de dosis única.
Un país de línea de base (BRA) no completó la evaluación. Este país no se tuvo en cuenta en la evaluación general del indicador.
Comentarios OSP
El 2022 se dedicó principalmente a la recuperación del impacto de la pandemia de COVID 19, con especial énfasis en el restablecimiento de los procedimientos de tamizaje interrumpidos. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha estado trabajando para facilitar la adopción de la prueba del VPH como principal procedimiento de detección y, al mismo tiempo, ha colaborado en la formulación de estrategias nacionales integrales encaminadas a erradicar el cáncer cervicouterino por medio de la vacunación contra el VPH.
En el bienio 2022-2023, la OPS, en colaboración con el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC), trabajó en el proyecto CanScreen5, cuya finalidad fue comprender los obstáculos para el logro de las metas relativas a los exámenes de detección. Además, se buscaron métodos para dar seguimiento a los avances usando indicadores estandarizados. Posteriormente, la OPS compiló y publicó un informe regional que presenta un panorama general del estado actual del control del cáncer cervicouterino en la Región de las Américas, basado en todos los datos disponibles.
Un país de línea de base (BRA) no completó la evaluación. Este país no se tuvo en cuenta en la evaluación general del indicador.
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Los servicios de cuidados paliativos son esenciales como parte de la cobertura universal de salud, y este indicador mide el acceso a los cuidados paliativos. En el bienio 2022-2023, la Oficina Sanitaria Panamericana brindó asistencia técnica en este ámbito a todos los países de la Región de las Américas, por medio de la tutoría y el análisis de casos en el marco del programa ECHO, y capacitó a 31 jóvenes líderes de 13 países a fin de fortalecer la capacidad de recursos humanos para la salud de los servicios de cuidados paliativos en la Región. Por último, por medio del Fondo Estratégico de la OPS, se proveen morfina y otros analgésicos a todos los países, aunque la aceptación sigue planteando dificultades.
No hubo consenso en los resultados de la evaluación para 1 país meta (JAM). Además, 2 países de línea de base (BRA, DOM) no completaron la evaluación. Estos 3 países no se tuvieron en cuenta en la evaluación general del indicador.
Un país meta (CUW) no completó la evaluación. Este país no se tuvo en cuenta en la evaluación general del indicador.
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En toda la Región de las Américas se está adoptando ampliamente el Programa de la OMS de Acción para Superar las Brechas en Salud Mental (mhGAP, por su sigla en inglés) para integrar la atención basada en la evidencia en entornos de atención primaria por medio de trabajadores de salud no especializados.
Se ofrecieron 107 cursos sobre el MhGAP en los países. Además, 25 países recibieron capacitación sobre la integración de la salud mental en la atención primaria de salud, y se capacitó a 144 790 miembros del personal de salud. Entre los países y territorios que recibieron capacitación se encuentran Aruba, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas. Una mayor integración de la salud mental en la atención primaria puede mejorar el proceso continuo de atención de los problemas de salud mental. Durante el bienio se observó en Belice un aumento del diagnóstico de estos problemas en pacientes ambulatorios.
La adopción del mhGAP en los países de América Latina, donde se han incorporado 4131 instructores nuevos, representa un gran avance en algunos indicadores clave. Por ejemplo, en Chile se ha capacitado a 5144 personas, y en México, a 136 131. Ambos países han integrado el mhGAP en sus políticas nacionales de salud mental. Paraguay ha capacitado a 103 personas con 67 instructores y ha incorporado el mhGAP en su política nacional, lo cual demuestra un avance notable.
Dos países meta (BRA, DOM) no completaron la evaluación. Estos 2 países no se tuvieron en cuenta en la evaluación general del indicador.
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La violencia sexual es un problema especialmente grave en la Región de las Américas que requiere la intervención oportuna del sistema de salud para mitigar las consecuencias para la salud y el bienestar de las personas sobrevivientes. La necesidad de contar con servicios integrales de atención posteriores a la agresión sexual (es decir, después de la violación) en los servicios de salud de urgencia se reitera en la Estrategia y plan de acción sobre el fortalecimiento del sistema de salud para abordar la violencia contra la mujer, en la que se define la atención posterior a la violación con inclusión de lo siguiente:
a) apoyo de primera línea y primeros auxilios psicológicos;
b) anticoncepción de urgencia para las mujeres que solicitan atención dentro de los cinco días siguientes al incidente;
c) derivación para un aborto seguro si la mujer queda embarazada como consecuencia de la violación, cuando dichos servicios estén permitidos en la legislación nacional;
d) profilaxis posterior a la exposición a las infecciones de transmisión sexual o al VIH, según los protocolos aplicables;
e) vacunación contra la hepatitis B.
La Oficina Sanitaria Panamericana (la Oficina) ha brindado apoyo a los Estados Miembros en el fortalecimiento de la respuesta del sistema de salud a la violencia sexual, incluso mediante la mejora de los protocolos de los sistemas de salud y la capacitación del personal. Un análisis reciente de los protocolos de los sistemas de salud reveló que las referencias textuales a estos servicios esenciales de atención después de una violación siguen siendo limitadas. Por ejemplo, el 54% de los Estados Miembros hacen referencia al apoyo de primera línea en sus protocolos, mientras que el 43% menciona la vacunación contra la hepatitis B, lo cual muestra importantes lagunas. Aunque una referencia textual a estos criterios no significa necesariamente que los servicios correspondientes estén disponibles y sean accesibles, es importante, como punto de partida, que se los mencione específicamente en los protocolos que describen la respuesta del sistema de salud a la violencia contra las mujeres. Cabe destacar que un obstáculo en esta área es la falta de herramientas de evaluación de los servicios de salud para determinar los avances en la atención posterior a la violación de acuerdo con los indicadores establecidos. En respuesta a ello, la Oficina ha colaborado con varios Estados Miembros en la elaboración y puesta a prueba de una herramienta de evaluación rápida de los servicios para la atención posterior a la agresión sexual. Esta herramienta podría mejorar el seguimiento de este indicador más allá de los países piloto (Argentina, Colombia, Honduras, Perú) y ayudar a mejorar la calidad de la atención posterior a la agresión sexual.
No hubo consenso en los resultados de la evaluación para 1 país meta (JAM). Además, 1 país de línea de base (BRA) y 1 país meta (DOM) no completaron la evaluación. Estos 3 países no se tuvieron en cuenta en la evaluación general del indicador.
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A pesar de un retroceso con respecto a la línea de base, algunos países están avanzando hacia la meta. Un país se considera “en riesgo” porque ha notificado avances en el aumento de la capacidad de los equipos interprofesionales en el primer nivel de atención, pero aún no ha alcanzado el nivel que requiere su modelo de atención. Entre los ejemplos de avances realizados en los países que están bien encaminados se encuentran el apoyo de la Oficina Sanitaria Panamericana (la Oficina) para la preparación de propuestas técnicas que estén en consonancia con la reforma nacional del sector de la salud, el trabajo conjunto de la Oficina y el sector académico con el fin de definir la composición y organización de los equipos interprofesionales, y la aprobación de resoluciones sobre la atención primaria de salud que posibilitan la formación de equipos interprofesionales en los países.
Uno de los objetivos del Plan de acción sobre recursos humanos para el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud 2018-2023 era la formación de equipos interprofesionales en el primer nivel de atención que guiaran a los países hacia el logro de esta meta. Además, la Política sobre el personal de salud 2030: fortalecimiento de los recursos humanos para la salud a fin de lograr sistemas de salud resilientes contiene medidas para fortalecer la formación de equipos interprofesionales e incorporarlos en las redes integradas de servicios de salud basadas en la atención primaria como línea estratégica, lo cual apoyará los esfuerzos de los países que están encaminados para alcanzar este objetivo.
No hubo consenso en los resultados de la evaluación para 1 país de línea de base (CHL). Además, 1 país de línea de base (BRA) no completó la evaluación. Estos 2 países no se tuvieron en cuenta en la evaluación general del indicador.
Comentarios OSP
Si bien la calificación actual de este indicador es “sin avances” debido a un retroceso respecto de la línea de base, los sistemas regulatorios de la mayoría de los países están avanzando hacia el nivel de madurez 3. Algunos ejemplos de los avances logrados en los países que están encaminados para alcanzar la meta del indicador son los siguientes:
1) mayor capacidad para aplicar la Herramienta mundial de la OMS para la evaluación de los sistemas regulatorios nacionales de productos médicos (conocida como GBT, por su sigla en inglés);
2) mayor participación en una lista de expertos para evaluar la capacidad regulatoria;
3) mejor detección de las brechas;
4) definición de planes de desarrollo institucional con miras a incrementar su nivel de madurez, de acuerdo con los criterios definidos.
Se están realizando esfuerzos adicionales para guiar y apoyar a las autoridades regulatorias nacionales de referencia regional de América Latina (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba y México) en su transición para convertirse en autoridades incluidas en la lista de la OMS por medio de un procedimiento simplificado que posiblemente no requiera una evaluación completa de la capacidad regulatoria, sino solo una demostración de su desempeño.
No hubo consenso en los resultados de la evaluación para 1 país meta (GUY). Además, 1 país meta (DOM) no completó la evaluación. Estos 2 países no se tuvieron en cuenta en la evaluación general del indicador.
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Se han logrado avances sustanciales en la evaluación de capacidades y la formulación de planes de acción para fortalecer las funciones esenciales de salud pública (FESP). Un país ya ha alcanzado este indicador, y 12 de los 17 países están encaminados para alcanzarlo. Dos países están en riesgo, y dos no han mostrado avances, ya que no se ha hecho una evaluación reciente de las FESP. Los países que van por buen camino han concluido la evaluación de referencia, y los resultados muestran que se ha alcanzado menos del 60% de la capacidad para desempeñar estas funciones, pero están avanzando en la ejecución de planes de acción para mejorar la capacidad y podrían alcanzar ese umbral. Las medidas para fortalecer el liderazgo, la gobernanza y la capacidad institucional, junto con la colaboración intersectorial y la cooperación técnica, están contribuyendo a la trayectoria positiva de este indicador.
Un país de línea de base (CUW) y un país meta (BRA) no completaron la evaluación. Estos 2 países no se tuvieron en cuenta en la evaluación general de indicador.
Comentarios OSP
A nivel regional, los países incluidos en la meta mostraron avances en relación con el indicador, puesto que el gasto público promedio en salud como proporción del producto interno bruto (PIB) aumentó del 4,3% al 5,3% del 2019 al 2021. Nueve países y territorios (Argentina, Aruba, Bermudas, Canadá, Colombia, Cuba, El Salvador, Montserrat y Uruguay) han alcanzado este indicador, tras invertir más del 6% del PIB en el sector de la salud utilizando fuentes públicas de financiamiento. De los siete países incluidos en la meta, dos (Chile y Honduras) están trabajando para alcanzar el indicador, pero el progreso está en riesgo. En Chile, el gasto público en salud pasó del 4,8% en el 2019 al 5,5% en el 2020, pero después bajó al 5,2%. Por otro lado, Honduras aumentó el gasto público en salud del 2,9% al 3,4% en el 2020, pero luego quedó estancado. En cuanto a la recopilación de datos, en el 2024, los nuevos datos de la base de datos de la OMS sobre el gasto en salud permitirán evaluar los avances de los países que no han alcanzado plenamente la meta de este indicador.
Dos países de línea de base (BRA, DOM) no completaron la evaluación. Estos 2 países no se tuvieron en cuenta en la evaluación general del indicador.
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El número de países que notifican datos sobre el estigma en los servicios de salud ha aumentado, pero esto todavía no se ha convertido en una acción sistemática para apoyar la reducción del estigma y mejorar el acceso de los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres a los servicios de salud.
No hubo consenso en los resultados de la evaluación para 1 país de línea de base (MEX). Además, 1 país de línea de base (BRA) y 1 país meta (GUF) no completaron la evaluación. Estos 3 países no se tuvieron en cuenta en la evaluación general del indicador.
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Las condiciones actuales después de la pandemia siguen menoscabando la capacidad de los países para llevar a cabo eficazmente intervenciones sobre el terreno a fin de hacer frente a este problema. Se esperan mayores logros en el próximo bienio (2024-2025).
Dos países de línea de base (BRA, DOM) no completaron la evaluación. Estos 2 países no se tuvieron en cuenta en la evaluación general del indicador.
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Aunque la calificación actual de este indicador es “sin avances”, los países han podido abordar los factores de riesgo de las enfermedades transmisibles mediante la adopción de medidas intersectoriales con apoyo técnico de la Oficina Sanitaria Panamericana. Desde la perspectiva de la salud pública integrada que forma parte del enfoque de “Una salud”, los países están registrando mejoras tangibles en los resultados de salud pública. Entre los principales avances cabe destacar la ejecución de planes de acción nacional para combatir la resistencia a los antimicrobianos, el desarrollo y fortalecimiento de sistemas nacionales de inocuidad de los alimentos basados en el Codex Alimentarius, y un mejor acceso a antídotos que salvan vidas como consecuencia de la producción en laboratorios de salud pública y su inclusión en los fondos rotatorios de la Organización Panamericana de la Salud.
Dos países meta (CUW, DOM) no completaron la evaluación. Estos 2 países no se tuvieron en cuenta en la evaluación general del indicador.
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Durante el bienio, los países de la Región de las Américas avanzaron en la mejora de sus sistemas de control de los alimentos a fin de prevenir y mitigar los riesgos para la inocuidad de los alimentos. La Oficina Sanitaria Panamericana ha proporcionado orientación técnica a varios países (Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Ecuador, Honduras, Panamá, Perú, Paraguay y Uruguay) para mejorar sus sistemas de control de alimentos sobre la base de los principios del análisis de riesgos (gestión de riesgos, evaluación de riesgos y comunicación de riesgos).
Los logros de los países incluyen la formulación de políticas nacionales de inocuidad de los alimentos y programas del Codex Alimentarius para el establecimiento y la aplicación de normas de la granja a la mesa con un enfoque de “Una salud” (Guatemala, Guyana, Honduras, El Salvador). Además, Colombia, Haití, Paraguay y República Dominicana están mejorando la capacidad de sus mercados tradicionales de alimentos a fin de prevenir los riesgos emergentes para la inocuidad de los alimentos en el marco del enfoque de “Una salud”. En el Caribe se hizo una encuesta con el propósito de evaluar la preparación de los sistemas de control de los alimentos para mitigar los riesgos relacionados con el cambio climático (Barbados, Guyana, Jamaica, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, y Trinidad y Tabago). Sobre la base de los resultados de esta encuesta, Barbados y Trinidad y Tabago elaboraron planes nacionales de inocuidad de los alimentos resilientes al clima. Uno de los principales desafíos para alcanzar el indicador a nivel de país es la alta rotación de los funcionarios de la administración pública. Se comprobó la importancia de facilitar la colaboración entre sectores y hacer un seguimiento regular de la ejecución de las políticas, los programas y los planes elaborados. La Oficina Sanitaria Panamericana ha movilizado recursos con el fin de mejorar y armonizar la capacidad de los países de América Latina para efectuar análisis de riesgos en materia de inocuidad de los alimentos.
Dos países de línea de base (BRA, DOM) no completaron la evaluación. Estos 2 países no se tuvieron en cuenta en la evaluación general del indicador.
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Un comité asesor u organismo coordinador en materia de seguridad vial es fundamental para coordinar la labor de diversos sectores, como el transporte, la salud, la educación y la aplicación de la ley, a fin de aplicar un enfoque unificado y estratégico. Además, un comité de ese tipo se encarga de formular y aplicar políticas y normas basadas en la evidencia, como leyes sobre el uso del cinturón de seguridad, límites de velocidad y medidas para prevenir la conducción en estado de ebriedad. Un organismo coordinador también desempeña un papel vital en la recopilación y el análisis de datos sobre los traumatismos causados por el tránsito, lo cual permite observar tendencias y evaluar la eficacia de las intervenciones. La asignación adecuada de recursos y la cooperación internacional son otras esferas en las que un organismo de este tipo puede tener un impacto significativo al adoptar las mejores prácticas mundiales para mejorar la seguridad vial y reducir las muertes y los traumatismos causados por el tránsito.
La Organización Panamericana de la Salud proporcionó apoyo técnico a varios comités asesores sobre seguridad vial y a organismos coordinadores de la Región de las Américas, en los casos en que se lo solicitó, para respaldar su labor de gestión de la seguridad vial. Una esfera prioritaria es el fortalecimiento de los sistemas de datos de seguridad vial. Por consiguiente, la OPS/OMS elaboró el quinto informe sobre la situación mundial de la seguridad vial a fin de ayudar a los países a detectar brechas y establecer prioridades para acelerar el cumplimiento de las recomendaciones del Plan mundial para el decenio de acción para la seguridad vial 2021 2030. La finalidad de estas iniciativas es alcanzar la meta ambiciosa, aunque asequible, de reducir la mortalidad y los traumatismos graves causados por el tránsito en todo el mundo en un 50%.
Dos países meta (BRA, DOM) no completaron la evaluación. Estos 2 países no se tuvieron en cuenta en la evaluación general del indicador.
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Dada la alta prevalencia de la violencia en la Región de las Américas, es crucial que los Estados Miembros enfaticen la prevención. La prevención de la violencia depende de la colaboración de muchos sectores gubernamentales y partes interesadas no gubernamentales. Aunque no hay una sola institución o agente que pueda prevenir la violencia, es esencial que el sector de la salud colabore con otros asociados en esta tarea. Las políticas y los planes nacionales o multisectoriales desempeñan un papel fundamental en la definición de la visión, los objetivos, las orientaciones de política y las estrategias de un país, así como los mecanismos de coordinación para prevenir la violencia y responder a ella. La importancia de un plan nacional o multisectorial para abordar la violencia que incluya el sistema de salud se reitera en la Estrategia y plan de acción sobre el fortalecimiento del sistema de salud para abordar la violencia contra las mujeres, así como en los marcos interinstitucionales INSPIRE y RESPECT. La Oficina Sanitaria Panamericana ha estado brindando apoyo a los países para aumentar la capacidad en la Región en materia de estrategias e intervenciones basadas en la evidencia, a fin de fundamentar el proceso de formulación de políticas. Aunque muchos Estados Miembros informan que tienen un plan nacional o multisectorial de ese tipo, es importante señalar que varios de estos planes están a punto de caducar, lo cual pone de relieve la urgencia de promover la acción en este ámbito y mantener los avances realizados en el último decenio. Las alianzas con ONU-Mujeres, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Banco Mundial para fortalecer las herramientas de ejecución y el diálogo sobre políticas acerca de INSPIRE y RESPECT en los países, así como los preparativos para la próxima Conferencia Ministerial Mundial para Poner Fin a la Violencia contra la Niñez, marcan la tónica de este importante trabajo, que podría ampliarse más adelante.
Un país de línea de base (BRA) y un país meta (DOM) no completaron la evaluación. Estos 2 países no se tuvieron en cuenta en la evaluación general del indicador.
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En el 2022, el 85% de las personas con infección por el VIH en América Latina habían sido diagnosticadas; de ellas, el 85% recibían tratamiento antirretroviral (TAR), y en el 92% se había suprimido la carga viral. En el Caribe se había diagnosticado al 83% de las personas con infección por el VIH; de ellas, el 81% recibían TAR, y en el 84% se había suprimido la carga viral. La cobertura de TAR para las personas con la infección por el VIH en América Latina y el Caribe se multiplicó por 2,2 entre el 2010 (32%) y el 2022 (71%). Como parte de los esfuerzos para optimizar el tratamiento de la infección por el VIH, la Oficina Sanitaria Panamericana (la Oficina) ha estado apoyando activamente a los países en la actualización de sus planes estratégicos nacionales y sus directrices para el tratamiento. Esto incluye asistencia focalizada en varios países de la Región, incluido el apoyo para la selección y previsión óptimas de medicamentos antirretrovirales. Además, la Oficina ha estado apoyando a los países en materia de VIH y envejecimiento, tratamiento pediátrico, resistencia, eliminación y cura. Con la colaboración del Centro de Investigación en Enfermedades Infecciosas (CIENI) del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) de México, un nuevo centro colaborador de la OMS sobre la resistencia del VIH, se espera reforzar la cooperación técnica.
Con respecto a la enfermedad avanzada por el VIH, la Oficina proporciona asistencia técnica para la introducción de nuevas pruebas y tratamientos para las infecciones oportunistas y apoya las investigaciones sobre la aplicación, incluido el análisis de la mortalidad, en países seleccionados.
Tres países de línea de base (DOM, GLP, MTQ) no completaron la evaluación. Estos 3 países no se tuvieron en cuenta en la evaluación general del indicador.
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Durante el bienio, los países de la Región de las Américas avanzaron en la eliminación de la malaria o en la interrupción de su transmisión, tanto a nivel nacional como subnacional, y evitaron su restablecimiento en países libres de malaria y en territorios receptores. Tanto en los países donde la malaria es endémica como en aquellos donde no lo es se está incorporando la investigación de casos, así como mejoras en las directrices, los instrumentos y los procesos de vigilancia. Estas medidas deben integrar los esfuerzos realizados hasta ahora por programas verticales con procesos y agentes de vigilancia epidemiológica más transversales. Persisten importantes desafíos en este aspecto de la integración y en la calidad de las investigaciones. Las mejoras pendientes consisten en la realización de investigaciones en territorios donde la malaria es endémica a pesar de que se producen pocos casos, lo cual justifica esta labor para acelerar la eliminación, así como mejoras en la respuesta. Varios asociados han replicado la cooperación técnica que la Organización Panamericana de la Salud ofrece en este ámbito, como en el caso de la Iniciativa Regional de Eliminación de la Malaria (IREM) en Centroamérica.
No hubo consenso en los resultados de la evaluación para 2 países de línea de base (GUY, MEX). Además, 1 país de línea de base (BRA) y 1 país meta (GUF) no completaron la evaluación. Estos 4 países no se tuvieron en cuenta en la evaluación general del indicador.
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A pesar de la complejidad de la situación de la enfermedad de Chagas, en los últimos decenios se ha observado una marcada reducción de la incidencia y la prevalencia de esta parasitosis. Esta disminución ha respondido sobre todo a mejoras en la calidad de vida de las poblaciones afectadas, los avances logrados por los programas nacionales de control, la intensificación de los exámenes de detección de infecciones en los bancos de sangre, y las medidas de los servicios de salud para manejar la morbilidad y mortalidad en algunos países. Sin embargo, la aparición imprevista del virus SARS-CoV-2 a fines del 2019 y las medidas para contenerlo representaron un punto de inflexión para el normal funcionamiento tanto de los planes y programas de prevención y control de la enfermedad de Chagas como de sus mecanismos de evaluación, lo cual tuvo graves efectos indirectos en este conjunto de enfoques, que se basan en despliegues territoriales con configuración y fines diversos. Las consecuencias más evidentes de este imprevisto han sido las siguientes:
Debido a los esfuerzos de los gobiernos para mitigar la propagación de la COVID 19, durante varios meses la atención médica se limitó estrictamente a problemas urgentes y emergencias. Esta situación perjudicó a los programas de diagnóstico, seguimiento y tratamiento de la enfermedad de Chagas, como lo demuestra la reducción de la atención a las personas afectadas, de los exámenes de mujeres embarazadas o en edad reproductiva y de la confirmación diagnóstica, el tratamiento y el seguimiento de los niños y niñas nacidos de madres con la infección. Todas estas circunstancias tienen implicaciones parcialmente invisibles para los sistemas de salud. La modificación del comportamiento de las personas vulnerables, que dejaron de buscar atención de salud debido al temor de contagiarse y a la recomendación de permanecer en casa, fue otro factor determinante.
Los planes programáticos de vigilancia y control de vectores se pospusieron debido a la reasignación del personal de salud a las actividades de respuesta a la pandemia y a la imposibilidad de viajar desde las bases de operaciones a las zonas rurales de intervención.
La crisis financiera provocada por los gastos imprevistos en medidas de prevención y control de la COVID-19 afectó el financiamiento regular de los programas de prevención y control sistemáticos de la enfermedad de Chagas, que ya son muy costosos en términos relativos.
La continuidad de muchas actividades de cooperación internacional se vio comprometida debido a la imposibilidad (o a las limitaciones) de realizar actividades presenciales.
Al final del bienio, las actividades de los programas nacionales contra la enfermedad de Chagas no habían logrado volver a los niveles que tenían antes de la pandemia. Todo eso significa que no ha habido ningún avance sustancial respecto de la línea de base.
No hubo consenso en los resultados de la evaluación para 2 países de línea de base (KNA, URY). Además, 1 país de línea de base (BRA) y 1 país meta (DOM) no completaron la evaluación. Estos 4 países no se tuvieron en cuenta en la evaluación general del indicador.
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En la Reunión de Directores de los Programas de Rabia de las Américas (REDIPRA) realizada en Colombia a fines del 2023, se observaron grandes avances hacia la interrupción de la transmisión de la rabia humana transmitida por el perro, de acuerdo con los criterios para validar la eliminación. El apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, en forma de normas, generación de datos y cooperación técnica, ha sido decisivo. Los logros incluyen campañas exitosas de vacunación masiva de perros, una mayor conciencia pública y mejores sistemas de vigilancia. Muchos países no han notificado ningún caso en seres humanos durante varios años; sin embargo, cuatro países han notificado casos en los últimos años. En algunos países persisten dificultades para mantener una cobertura de la vacunación elevada, abordar las brechas en la vigilancia y garantizar el acceso a la profilaxis posterior a la exposición. Es esencial mantener el compromiso para superar estos obstáculos y proteger los avances realizados hacia la eliminación de la rabia canina.
Honduras ha avanzado mucho en el logro del indicador con la coordinación intersectorial entre el sector de la salud y el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA). Sin embargo, para controlar la teniasis habría que administrar medicamentos a una escala masiva. En el caso de México, el objetivo es eliminar para el 2030 las muertes infantiles, la morbilidad en las comunidades en riesgo y la discapacidad infantil. El país ha tomado medidas importantes, pero necesita redoblar sus esfuerzos para establecer líneas de base y evaluar las actividades de vigilancia y las intervenciones de promoción de la salud. Colombia ha incorporado las recomendaciones de la OPS/OMS para abordar la situación e intervenir en los territorios que cumplen los criterios de endemicidad de la teniasis o cisticercosis por medio de la vigilancia y la administración masiva de medicamentos. Paraguay y Guatemala también están en camino de alcanzar el indicador. En el 2020, Guatemala determinó las zonas de riesgo de teniasis o cisticercosis humana a nivel departamental. El siguiente paso consiste en confirmar la transmisión activa en estas zonas con investigaciones focalizadas y actividades de seguimiento. Paraguay ha hecho grandes avances en la identificación de zonas de riesgo a nivel tanto nacional como subnacional. La prioridad actual es confirmar la transmisión activa del parásito en los focos localizados con estudios de campo y diagnósticos exhaustivos.