La tasa de hospitalización por trastornos sensibles al cuidado ambulatorio es un indicador valioso para evaluar los avances en el fortalecimiento del primer nivel de atención, incluidas sus implicaciones económicas para el sistema de atención de salud en general. Durante el período abarcado por el informe, solo dos países lograron avances notables con respecto a este indicador: México lo ha integrado en el sistema de seguimiento de su Programa Sectorial de Salud 2022-2024 y El Salvador está recopilando datos para este indicador.
La medición de este indicador ha planteado dificultades para muchos países de la Región de las Américas. Si bien la Oficina Sanitaria Panamericana ha proporcionado cooperación técnica, herramientas y apoyo con este fin, es necesario aumentar aún más el compromiso de los países y mejorar su capacidad para utilizar estos recursos de manera eficaz.

Muchos países de la Región de las Américas siguen trabajando con el fin de mejorar la capacidad resolutiva del primer nivel de atención. Varios países, como Belice, Bolivia (Estado Plurinacional de), Canadá, Chile y Honduras, han formulado políticas y estrategias encaminadas a mejorar el acceso a la atención primaria, brindar apoyo a los profesionales de la salud, aumentar la capacidad para abordar las enfermedades crónicas, mejorar los cuidados preventivos y paliativos, y promover la integración de las redes de salud, incluido el uso de la telesalud. Otros países, como Argentina, Costa Rica, Ecuador y Guyana, se han concentrado en fortalecer la gobernanza, mejorar la infraestructura, fomentar la colaboración intersectorial y reforzar los servicios de salud maternoinfantil. A pesar de estos esfuerzos, todavía queda mucho por hacer, en particular en lo que respecta al fomento de la integración de los servicios de salud con un enfoque de equidad. La continuidad de esta labor es crucial para lograr un impacto a largo plazo en los resultados de salud.

En términos generales, si bien hubo un retroceso respecto de la línea de base, los países alcanzaron este indicador del resultado intermedio o están encaminados para alcanzarlo y mejorar la salud y el desarrollo infantiles. Algunos países están aplicando una estrategia nacional de salud materna y neonatal, pero es necesario mejorar el seguimiento y la armonización de esas estrategias con el marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Las estrategias para avanzar incluyen la adopción y aplicación en la Región de las Américas de los marcos de la OMS sobre la crianza para la salud a lo largo de toda la vida y la escala mundial para el desarrollo de la primera infancia.

La reducción del tiempo que se tarda en diagnosticar y tratar los casos de malaria es un indicador esencial para combatir esta enfermedad, y es una de las esferas prioritarias del marco técnico de cooperación de la Organización Panamericana de la Salud. El acceso temprano al tratamiento ha sido la piedra angular de la estrategia regional, que abarca desde el mantenimiento de la capacidad de diagnóstico y la promoción del uso de pruebas rápidas hasta el manejo de los antimaláricos, la promoción de la microplanificación y la aplicación de la estrategia de diagnóstico, tratamiento, investigación y respuesta.



Gracias a los sistemas de información nominal, todos los países donde la malaria es endémica dan seguimiento a la fecha del diagnóstico y la fecha de inicio del tratamiento. Aunque muchos países dijeron que cumplían la menta del indicador, el cumplimiento parcial por dos países incluidos en la línea de base podría afectar el desempeño general con respecto al indicador. Todos los países donde la malaria es endémica siguen teniendo dificultades para acortar el tiempo que transcurre entre la aparición de los síntomas y el tratamiento, y deben dar prioridad a las medidas para abordar los obstáculos que enfrenta la población para acceder al tratamiento.



Sin embargo, como se señala en las especificaciones técnicas, este indicador es variable y difícil de alcanzar en entornos de transmisión baja, razón por la cual se acaba por penalizar a los países que logran reducir mucho el número de casos. A medida que la transmisión disminuye, se tarda más en detectar los casos. Por lo tanto, se prevé que los países incluidos en la línea de base que están reduciendo la transmisión de la malaria, así como otros países que están reduciendo notablemente el volumen de casos, tengan dificultades para alcanzar el indicador para el 2025, a pesar de haber avanzado hacia la eliminación.

Se está trabajando en el fortalecimiento de la capacidad de vigilancia de las enfermedades arbovirales en los países para facilitar el seguimiento de la mayor epidemia de dengue jamás registrada en la Región de las Américas. Se han logrado grandes avances con la vigilancia colaborativa basada en la creación de espacios virtuales de colaboración. Además, se ha preparado un nuevo manual de procedimientos para la vigilancia integrada de las enfermedades arbovirales tras dos reuniones de consulta con expertos de los países.

Los países de la Región de las Américas han hecho grandes esfuerzos para incorporar la vacuna en sus esquemas nacionales de vacunación; al 31 de diciembre del 2023, solo cuatro no habían introducido la vacuna contra el VPH. En 26 países de la Región se está vacunando a la población infantil, y 12 países han pasado a un esquema de dosis única.

En toda la Región de las Américas se está adoptando ampliamente el Programa de la OMS de Acción para Superar las Brechas en Salud Mental (mhGAP, por su sigla en inglés) para integrar la atención basada en la evidencia en entornos de atención primaria por medio de trabajadores de salud no especializados.
Se ofrecieron 107 cursos sobre el MhGAP en los países. Además, 25 países recibieron capacitación sobre la integración de la salud mental en la atención primaria de salud, y se capacitó a 144 790 miembros del personal de salud. Entre los países y territorios que recibieron capacitación se encuentran Aruba, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas. Una mayor integración de la salud mental en la atención primaria puede mejorar el proceso continuo de atención de los problemas de salud mental. Durante el bienio se observó en Belice un aumento del diagnóstico de estos problemas en pacientes ambulatorios.
La adopción del mhGAP en los países de América Latina, donde se han incorporado 4131 instructores nuevos, representa un gran avance en algunos indicadores clave. Por ejemplo, en Chile se ha capacitado a 5144 personas, y en México, a 136 131. Ambos países han integrado el mhGAP en sus políticas nacionales de salud mental. Paraguay ha capacitado a 103 personas con 67 instructores y ha incorporado el mhGAP en su política nacional, lo cual demuestra un avance notable.

Como parte del proceso de desinstitucionalización, se impartió un curso de gestión de crisis de salud mental a socorristas de Saint Kitts y Nevis y Bahamas. Los procesos de desinstitucionalización se aceleraron en varios países para efectuar la transición a servicios basados en la comunidad. Por ejemplo, Paraguay ha avanzado en la transición de los pacientes de un hospital psiquiátrico nacional a la atención de salud mental integrada en la comunidad, y el año pasado brindó apoyo a 156 pacientes en nuevos centros municipales. La respuesta móvil a las crisis adquirió más prominencia como alternativa frente a las hospitalizaciones. Otro ejemplo es el servicio de respuesta a emergencias de Bahamas, que ha prevenido hospitalizaciones evitables. Ahora hay programas similares de asistencia en tres provincias argentinas.

La violencia sexual es un problema especialmente grave en la Región de las Américas que requiere la intervención oportuna del sistema de salud para mitigar las consecuencias para la salud y el bienestar de las personas sobrevivientes. La necesidad de contar con servicios integrales de atención posteriores a la agresión sexual (es decir, después de la violación) en los servicios de salud de urgencia se reitera en la Estrategia y plan de acción sobre el fortalecimiento del sistema de salud para abordar la violencia contra la mujer, en la que se define la atención posterior a la violación con inclusión de lo siguiente:
a) apoyo de primera línea y primeros auxilios psicológicos;
b) anticoncepción de urgencia para las mujeres que solicitan atención dentro de los cinco días siguientes al incidente;
c) derivación para un aborto seguro si la mujer queda embarazada como consecuencia de la violación, cuando dichos servicios estén permitidos en la legislación nacional;
d) profilaxis posterior a la exposición a las infecciones de transmisión sexual o al VIH, según los protocolos aplicables;
e) vacunación contra la hepatitis B.
La Oficina Sanitaria Panamericana (la Oficina) ha brindado apoyo a los Estados Miembros en el fortalecimiento de la respuesta del sistema de salud a la violencia sexual, incluso mediante la mejora de los protocolos de los sistemas de salud y la capacitación del personal. Un análisis reciente de los protocolos de los sistemas de salud reveló que las referencias textuales a estos servicios esenciales de atención después de una violación siguen siendo limitadas. Por ejemplo, el 54% de los Estados Miembros hacen referencia al apoyo de primera línea en sus protocolos, mientras que el 43% menciona la vacunación contra la hepatitis B, lo cual muestra importantes lagunas. Aunque una referencia textual a estos criterios no significa necesariamente que los servicios correspondientes estén disponibles y sean accesibles, es importante, como punto de partida, que se los mencione específicamente en los protocolos que describen la respuesta del sistema de salud a la violencia contra las mujeres. Cabe destacar que un obstáculo en esta área es la falta de herramientas de evaluación de los servicios de salud para determinar los avances en la atención posterior a la violación de acuerdo con los indicadores establecidos. En respuesta a ello, la Oficina ha colaborado con varios Estados Miembros en la elaboración y puesta a prueba de una herramienta de evaluación rápida de los servicios para la atención posterior a la agresión sexual. Esta herramienta podría mejorar el seguimiento de este indicador más allá de los países piloto (Argentina, Colombia, Honduras, Perú) y ayudar a mejorar la calidad de la atención posterior a la agresión sexual.

El número de países que notifican datos sobre el estigma en los servicios de salud ha aumentado, pero esto todavía no se ha convertido en una acción sistemática para apoyar la reducción del estigma y mejorar el acceso de los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres a los servicios de salud.

Las condiciones actuales después de la pandemia siguen menoscabando la capacidad de los países para llevar a cabo eficazmente intervenciones sobre el terreno a fin de hacer frente a este problema. Se esperan mayores logros en el próximo bienio (2024-2025).