Muchos países de la Región de las Américas siguen trabajando con el fin de mejorar la capacidad resolutiva del primer nivel de atención. Varios países, como Belice, Bolivia (Estado Plurinacional de), Canadá, Chile y Honduras, han formulado políticas y estrategias encaminadas a mejorar el acceso a la atención primaria, brindar apoyo a los profesionales de la salud, aumentar la capacidad para abordar las enfermedades crónicas, mejorar los cuidados preventivos y paliativos, y promover la integración de las redes de salud, incluido el uso de la telesalud. Otros países, como Argentina, Costa Rica, Ecuador y Guyana, se han concentrado en fortalecer la gobernanza, mejorar la infraestructura, fomentar la colaboración intersectorial y reforzar los servicios de salud maternoinfantil. A pesar de estos esfuerzos, todavía queda mucho por hacer, en particular en lo que respecta al fomento de la integración de los servicios de salud con un enfoque de equidad. La continuidad de esta labor es crucial para lograr un impacto a largo plazo en los resultados de salud.

En términos generales, si bien hubo un retroceso respecto de la línea de base, los países alcanzaron este indicador del resultado intermedio o están encaminados para alcanzarlo y mejorar la salud y el desarrollo infantiles. Algunos países están aplicando una estrategia nacional de salud materna y neonatal, pero es necesario mejorar el seguimiento y la armonización de esas estrategias con el marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Las estrategias para avanzar incluyen la adopción y aplicación en la Región de las Américas de los marcos de la OMS sobre la crianza para la salud a lo largo de toda la vida y la escala mundial para el desarrollo de la primera infancia.

Si bien la mayoría de los países alcanzaron el indicador porque los servicios ya están funcionando, algunos no están muy estructurados. Actualmente, los países están fortaleciendo su capacidad para desarrollar los servicios que abordan la salud de los hombres en el marco de la atención primaria.

En términos generales, la mayor parte de los países están bien encaminados en lo que se refiere a las medidas para prevenir la dependencia de los cuidados. El movimiento de la Década del Envejecimiento Saludable ofrece una gran oportunidad para promover esta agenda e impulsar a los países a adoptar medidas que conduzcan a la atención integrada y a la acción intersectorial, especialmente en lo que respecta a entornos propicios y la protección de los derechos de las personas mayores.

Como parte de la ejecución de la iniciativa ETMI Plus, la Oficina Sanitaria Panamericana ha estado trabajando con las autoridades nacionales de salud para fortalecer la respuesta nacional a la sífilis y la sífilis congénita, con miras al logro de las metas de eliminación. La cobertura del tratamiento de la sífilis para las embarazadas que tienen la infección ha sido históricamente alta en América Latina y el Caribe, y llegó al 89% en el 2023. En 11 países se ha validado la eliminación doble de la transmisión maternoinfantil del VIH y la sífilis, y otros países han mostrado avances y podrían estar listos para solicitar la validación dentro de poco.

Los países de la Región de las Américas han hecho grandes esfuerzos para incorporar la vacuna en sus esquemas nacionales de vacunación; al 31 de diciembre del 2023, solo cuatro no habían introducido la vacuna contra el VPH. En 26 países de la Región se está vacunando a la población infantil, y 12 países han pasado a un esquema de dosis única.

Los países de la Región de las Américas están avanzando hacia el establecimiento de protocolos estandarizados y basados en la evidencia para mejorar la calidad de la atención de la diabetes. Sin embargo, a la par de estos esfuerzos, la prevalencia de la obesidad, uno de los principales factores de riesgo de diabetes, sigue aumentando. En consecuencia, es difícil detener el aumento sostenido de la diabetes, lo cual refleja la necesidad de redoblar los esfuerzos y avanzar hacia una respuesta conjunta, integrada e integral a la diabetes y otras enfermedades no transmisibles y factores de riesgo. Además, debido a la necesidad de contar con datos poblacionales actualizados, estandarizados y comparables internacionalmente, es difícil evaluar los avances realizados en lo que se refiere a este indicador. El fortalecimiento de los sistemas de vigilancia de las enfermedades no transmisibles en la población, incluida la diabetes, tendría un efecto positivo en el seguimiento de este indicador.

Los países de la Región de las Américas, incluidos los que están en riesgo, están realizando cambios estructurales en la adquisición de medicamentos y dispositivos validados para controlar la presión arterial y están adoptando protocolos de tratamiento estandarizados para ayudar a ampliar el acceso a una atención de calidad desde el ámbito de la atención primaria de salud y mejorar las tasas de control de la hipertensión. Sin embargo, la adopción de metodologías de mejora sistemática de la calidad aplicables al manejo de la hipertensión es aún incipiente en la Región y debe estar acompañada de sistemas de seguimiento y evaluación que permitan a los equipos de atención primaria de salud observar y corregir las desviaciones en su propio desempeño. Además, la falta de datos actualizados a nivel poblacional limita la capacidad para medir con precisión el progreso.

Hubo grandes avances a nivel nacional: seis de los ocho países incluidos en la meta ya han alcanzado el indicador. Chile y Colombia están en camino de lograrlo, con el apoyo técnico de la Oficina Sanitaria Panamericana (la Oficina) en estrategias para aumentar el acceso a medicamentos. A nivel regional, se recopilaron datos de 20 Estados Miembros, entre ellos Chile y Colombia, por medio de una encuesta sobre el acceso a medicamentos y otras tecnologías sanitarias, que permitió a la Oficina determinar las brechas en el acceso y las necesidades de cooperación técnica, y preparar el informe final solicitado en la resolución CD55.R12 sobre El acceso y uso racional de los medicamentos y otras tecnologías sanitarias estratégicos y de alto costo.

Si bien la calificación actual de este indicador es “sin avances” debido a un retroceso respecto de la línea de base, cabe señalar que, del total de países (14), cinco alcanzaron la meta y siete están encaminados para alcanzarla; solo dos países están en riesgo. Los países que están encaminados para alcanzar la meta del indicador han avanzado en la ampliación de la capacidad de recolección de sangre y en la reducción de la pérdida de sangre o de su caducidad a medida que mejoran sus procesos de control de calidad. Se están tomando más medidas para apoyar a los países del Caribe con cursos de capacitación de buena calidad, a fin de que un mejor desempeño conduzca también a una mayor disponibilidad de sangre para transfusiones. Asimismo, se fortaleció la promoción de la donación voluntaria de sangre con la campaña del Día Mundial del Donante de Sangre y por medio de seminarios regionales. Se brindará un mayor apoyo a los países que están en riesgo a fin de ayudarles a alcanzar la meta para el 2025.

Los obstáculos para el acceso se exacerbaron durante la pandemia de COVID-19 y afectaron tanto a la oferta como a la demanda de servicios de salud. El logro de este indicador está en riesgo en cinco países debido a la falta de datos actualizados para medir el indicador y a los escasos avances en la reducción de los obstáculos informados. Sin embargo, hay otros cinco países que han alcanzado este indicador o están encaminados para alcanzarlo después de realizar grandes avances en la superación de las interrupciones de los servicios y la reducción de los obstáculos para el acceso a los servicios de salud en general. Comprender estos obstáculos para el acceso a la atención de salud y la magnitud resultante de las necesidades insatisfechas es fundamental para dar seguimiento a los avances hacia el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud, pero la medición de los obstáculos para el acceso y la aplicación de opciones de política para reducirlos y eliminarlos siguen siendo un reto.

Se han logrado avances sustanciales en la evaluación de capacidades y la formulación de planes de acción para fortalecer las funciones esenciales de salud pública (FESP). Un país ya ha alcanzado este indicador, y 12 de los 17 países están encaminados para alcanzarlo. Dos países están en riesgo, y dos no han mostrado avances, ya que no se ha hecho una evaluación reciente de las FESP. Los países que van por buen camino han concluido la evaluación de referencia, y los resultados muestran que se ha alcanzado menos del 60% de la capacidad para desempeñar estas funciones, pero están avanzando en la ejecución de planes de acción para mejorar la capacidad y podrían alcanzar ese umbral. Las medidas para fortalecer el liderazgo, la gobernanza y la capacidad institucional, junto con la colaboración intersectorial y la cooperación técnica, están contribuyendo a la trayectoria positiva de este indicador.

Ningún país ha alcanzado la meta de este indicador, aunque se informa que cuatro países están encaminados para hacerlo en el 2025.

Los indicadores de protección financiera en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (gastos catastróficos que empobrecen a los hogares) se elaboran a partir de encuestas de hogares que recopilan datos pertinentes. Estas encuestas se llevan a cabo en los países en distintos momentos, pero casi siempre a intervalos de cinco o diez años. Muchos países tienen grandes dificultades para realizar estas encuestas, lo cual provoca un retraso de varios años en la disponibilidad de los datos.

Solo cuatro países de la Región de las Américas (Bolivia [Estado Plurinacional de], Estados Unidos de América, México y Perú) estarían en condiciones de calcular estos indicadores y cuentan con datos sobre dos años o más (puntos de datos) del período 2019-2025 (o años adyacentes pertinentes) para calcular la variación. Otros cuatro países (Colombia, El Salvador, Panamá y República Dominicana) tienen actualmente un punto de datos para los años pertinentes o adyacentes, y podrían concluir la medición hacia el final del período, en el 2025. Por lo tanto, se recomienda eliminar su medición o simplemente limitar la línea de base y la meta de los indicadores a los países sobre los cuales haya suficientes datos.

La Organización Panamericana de la Salud da seguimiento a estos indicadores en colaboración con la Organización Mundial de la Salud. Se proporciona capacitación a los países para que los usen, y se alienta a que lo hagan, a fin de que puedan hacer encuestas y analizar los resultados. Más recientemente, la Oficina Sanitaria Panamericana ha comenzado a analizar los factores determinantes que contribuyen a la falta de protección financiera. Esto permitirá a los países contar con más evidencia para mejorar sus políticas.