La tasa de hospitalización por trastornos sensibles al cuidado ambulatorio es un indicador valioso para evaluar los avances en el fortalecimiento del primer nivel de atención, incluidas sus implicaciones económicas para el sistema de atención de salud en general. Durante el período abarcado por el informe, solo dos países lograron avances notables con respecto a este indicador: México lo ha integrado en el sistema de seguimiento de su Programa Sectorial de Salud 2022-2024 y El Salvador está recopilando datos para este indicador.
La medición de este indicador ha planteado dificultades para muchos países de la Región de las Américas. Si bien la Oficina Sanitaria Panamericana ha proporcionado cooperación técnica, herramientas y apoyo con este fin, es necesario aumentar aún más el compromiso de los países y mejorar su capacidad para utilizar estos recursos de manera eficaz.

Muchos países de la Región de las Américas siguen trabajando con el fin de mejorar la capacidad resolutiva del primer nivel de atención. Varios países, como Belice, Bolivia (Estado Plurinacional de), Canadá, Chile y Honduras, han formulado políticas y estrategias encaminadas a mejorar el acceso a la atención primaria, brindar apoyo a los profesionales de la salud, aumentar la capacidad para abordar las enfermedades crónicas, mejorar los cuidados preventivos y paliativos, y promover la integración de las redes de salud, incluido el uso de la telesalud. Otros países, como Argentina, Costa Rica, Ecuador y Guyana, se han concentrado en fortalecer la gobernanza, mejorar la infraestructura, fomentar la colaboración intersectorial y reforzar los servicios de salud maternoinfantil. A pesar de estos esfuerzos, todavía queda mucho por hacer, en particular en lo que respecta al fomento de la integración de los servicios de salud con un enfoque de equidad. La continuidad de esta labor es crucial para lograr un impacto a largo plazo en los resultados de salud.

En términos generales, si bien hubo un retroceso respecto de la línea de base, los países alcanzaron este indicador del resultado intermedio o están encaminados para alcanzarlo y mejorar la salud y el desarrollo infantiles. Algunos países están aplicando una estrategia nacional de salud materna y neonatal, pero es necesario mejorar el seguimiento y la armonización de esas estrategias con el marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Las estrategias para avanzar incluyen la adopción y aplicación en la Región de las Américas de los marcos de la OMS sobre la crianza para la salud a lo largo de toda la vida y la escala mundial para el desarrollo de la primera infancia.

Se está trabajando en el fortalecimiento de la capacidad de vigilancia de las enfermedades arbovirales en los países para facilitar el seguimiento de la mayor epidemia de dengue jamás registrada en la Región de las Américas. Se han logrado grandes avances con la vigilancia colaborativa basada en la creación de espacios virtuales de colaboración. Además, se ha preparado un nuevo manual de procedimientos para la vigilancia integrada de las enfermedades arbovirales tras dos reuniones de consulta con expertos de los países.

La pandemia afectó la cobertura de la vacunación con DPT. Aunque se están realizando esfuerzos para mejorar la cobertura y reducir las tasas de deserción, el objetivo es llegar a las personas que no han recibido suficientes dosis de esta vacuna.

Desde el 2020 se ha observado una disminución de la cobertura de la vacunación con la tercera dosis de la vacuna antineumocócica conjugada. En el 2023 se observó una mejora muy leve en comparación con el 2022 (81% frente al 80%). Esto, junto con la mejora de la cobertura de otras vacunas (por ejemplo, la pentavalente), podría indicar que la cobertura de la vacunación con tres dosis de vacuna antineumocócica conjugada ha comenzado a recuperarse. Es importante seguir de cerca el progreso de los Estados Miembros.

Los países de la Región de las Américas han hecho grandes esfuerzos para incorporar la vacuna en sus esquemas nacionales de vacunación; al 31 de diciembre del 2023, solo cuatro no habían introducido la vacuna contra el VPH. En 26 países de la Región se está vacunando a la población infantil, y 12 países han pasado a un esquema de dosis única.

Los países de la Región de las Américas están avanzando hacia el establecimiento de protocolos estandarizados y basados en la evidencia para mejorar la calidad de la atención de la diabetes. Sin embargo, a la par de estos esfuerzos, la prevalencia de la obesidad, uno de los principales factores de riesgo de diabetes, sigue aumentando. En consecuencia, es difícil detener el aumento sostenido de la diabetes, lo cual refleja la necesidad de redoblar los esfuerzos y avanzar hacia una respuesta conjunta, integrada e integral a la diabetes y otras enfermedades no transmisibles y factores de riesgo. Además, debido a la necesidad de contar con datos poblacionales actualizados, estandarizados y comparables internacionalmente, es difícil evaluar los avances realizados en lo que se refiere a este indicador. El fortalecimiento de los sistemas de vigilancia de las enfermedades no transmisibles en la población, incluida la diabetes, tendría un efecto positivo en el seguimiento de este indicador.

El 2022 se dedicó principalmente a la recuperación del impacto de la pandemia de COVID 19, con especial énfasis en el restablecimiento de los procedimientos de tamizaje interrumpidos. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha estado trabajando para facilitar la adopción de la prueba del VPH como principal procedimiento de detección y, al mismo tiempo, ha colaborado en la formulación de estrategias nacionales integrales encaminadas a erradicar el cáncer cervicouterino por medio de la vacunación contra el VPH.
En el bienio 2022-2023, la OPS, en colaboración con el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC), trabajó en el proyecto CanScreen5, cuya finalidad fue comprender los obstáculos para el logro de las metas relativas a los exámenes de detección. Además, se buscaron métodos para dar seguimiento a los avances usando indicadores estandarizados. Posteriormente, la OPS compiló y publicó un informe regional que presenta un panorama general del estado actual del control del cáncer cervicouterino en la Región de las Américas, basado en todos los datos disponibles.

En toda la Región de las Américas se está adoptando ampliamente el Programa de la OMS de Acción para Superar las Brechas en Salud Mental (mhGAP, por su sigla en inglés) para integrar la atención basada en la evidencia en entornos de atención primaria por medio de trabajadores de salud no especializados.
Se ofrecieron 107 cursos sobre el MhGAP en los países. Además, 25 países recibieron capacitación sobre la integración de la salud mental en la atención primaria de salud, y se capacitó a 144 790 miembros del personal de salud. Entre los países y territorios que recibieron capacitación se encuentran Aruba, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas. Una mayor integración de la salud mental en la atención primaria puede mejorar el proceso continuo de atención de los problemas de salud mental. Durante el bienio se observó en Belice un aumento del diagnóstico de estos problemas en pacientes ambulatorios.
La adopción del mhGAP en los países de América Latina, donde se han incorporado 4131 instructores nuevos, representa un gran avance en algunos indicadores clave. Por ejemplo, en Chile se ha capacitado a 5144 personas, y en México, a 136 131. Ambos países han integrado el mhGAP en sus políticas nacionales de salud mental. Paraguay ha capacitado a 103 personas con 67 instructores y ha incorporado el mhGAP en su política nacional, lo cual demuestra un avance notable.

En el área del consumo de sustancias psicoactivas, la Organización Panamericana de la Salud organizó talleres para mejorar la calidad de los servicios de salud para las personas con problemas por consumo de sustancias psicoactivas. Asistieron al taller, que se realizó en Curaçao, 22 participantes de las seis islas holandesas del Caribe (Aruba, Curaçao, San Martín, Bonaire, San Eustaquio y Saba).

Este indicador forma parte de las 12 metas para el desempeño en materia de seguridad vial mundial derivadas del mandato de la resolución WHA69.7 de la Asamblea Mundial de la Salud, adoptada en mayo del 2016, en la que los Estados Miembros pidieron a la OMS que facilitara un proceso transparente, participativo y sostenible con todas las partes interesadas para ayudar a los países interesados a establecer metas mundiales de desempeño para los principales factores de riesgo y los mecanismos de prestación de servicios a fin de reducir las muertes y los traumatismos causados por el tránsito. Este indicador, que fue adoptado por los Estados Miembros tras un largo proceso de consultas técnicas, ayudará a orientar la acción y a garantizar la medición de los avances a nivel nacional y mundial.
El tiempo de respuesta, es decir, los minutos transcurridos desde la activación del sistema hasta la llegada de atención especializada al lugar de los hechos, permite analizar el desempeño del sistema de salud, especialmente en lo que se refiere a la prestación de atención de urgencia. Este indicador facilita el análisis de la prestación oportuna de la atención de urgencia y permite detectar ineficiencias y brechas en el sistema a fin de trabajar en los mecanismos necesarios para fortalecer, ampliar y racionalizar la atención de urgencia. Aunque no hay consenso sobre un tiempo de respuesta específico para los traumatismos, se instó a los países a que establecieran un objetivo al respecto en sus estrategias nacionales de seguridad vial y a que trataran de alcanzarlo. Esto implica contar con un número de teléfono único para todas las llamadas de urgencia, con cobertura nacional (este número se usa en todas las zonas y no hay otros números), servicios integrados de recepción de llamadas y despacho, y disponibilidad de servicios de ambulancia capaces de proporcionar una atención de buena calidad en el lugar de los hechos, traslado y transporte, traspaso y triaje, etc. Los sistemas de datos que miden intervalos de tiempo clave (por ejemplo, mediante el registro y análisis sistemáticos del tiempo de respuesta a nivel nacional o subnacional) son esenciales para mejorar el desempeño y la calidad del servicio. Aunque estas funciones podrían desempeñarse de diferentes maneras según los recursos disponibles, se pueden realizar mejoras asequibles y sostenibles de acuerdo con cada situación, sobre la base del marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Para lograr este resultado intermedio, los tres niveles de la OMS, junto con sus homólogos de los ministerios de salud y otras partes interesadas pertinentes, están trabajando para evaluar los sistemas de atención crítica y de urgencia con la herramienta ECCSA de la OMS. Esta herramienta de planificación estratégica fue diseñada para ayudar a los ministerios de salud a evaluar su sistema de atención de urgencia, detectar brechas y establecer prioridades para el desarrollo del sistema. Esto incluye la adopción de leyes y normas, la creación de protocolos para guiar al personal en procesos críticos, la garantía del cumplimiento de las normas por medio de certificaciones y el establecimiento de procesos para la acreditación de la calidad y la seguridad del servicio. Del 2022 al 2023 se llevaron a cabo cuatro evaluaciones de sistemas de atención crítica y de urgencia en la Región de las Américas.
Además, se promovió una estrategia de formación de instructores para ofrecer el curso de capacitación en atención básica de urgencia de la OMS y el Comité Internacional de la Cruz Roja en cascada, a fin de reforzar la capacidad de los equipos de respuesta inicial. Se obtuvo financiamiento para poner en práctica estas herramientas y otras elaboradas por la OMS con el fin de fortalecer la atención de urgencia en los países prioritarios.

La violencia sexual es un problema especialmente grave en la Región de las Américas que requiere la intervención oportuna del sistema de salud para mitigar las consecuencias para la salud y el bienestar de las personas sobrevivientes. La necesidad de contar con servicios integrales de atención posteriores a la agresión sexual (es decir, después de la violación) en los servicios de salud de urgencia se reitera en la Estrategia y plan de acción sobre el fortalecimiento del sistema de salud para abordar la violencia contra la mujer, en la que se define la atención posterior a la violación con inclusión de lo siguiente:
a) apoyo de primera línea y primeros auxilios psicológicos;
b) anticoncepción de urgencia para las mujeres que solicitan atención dentro de los cinco días siguientes al incidente;
c) derivación para un aborto seguro si la mujer queda embarazada como consecuencia de la violación, cuando dichos servicios estén permitidos en la legislación nacional;
d) profilaxis posterior a la exposición a las infecciones de transmisión sexual o al VIH, según los protocolos aplicables;
e) vacunación contra la hepatitis B.
La Oficina Sanitaria Panamericana (la Oficina) ha brindado apoyo a los Estados Miembros en el fortalecimiento de la respuesta del sistema de salud a la violencia sexual, incluso mediante la mejora de los protocolos de los sistemas de salud y la capacitación del personal. Un análisis reciente de los protocolos de los sistemas de salud reveló que las referencias textuales a estos servicios esenciales de atención después de una violación siguen siendo limitadas. Por ejemplo, el 54% de los Estados Miembros hacen referencia al apoyo de primera línea en sus protocolos, mientras que el 43% menciona la vacunación contra la hepatitis B, lo cual muestra importantes lagunas. Aunque una referencia textual a estos criterios no significa necesariamente que los servicios correspondientes estén disponibles y sean accesibles, es importante, como punto de partida, que se los mencione específicamente en los protocolos que describen la respuesta del sistema de salud a la violencia contra las mujeres. Cabe destacar que un obstáculo en esta área es la falta de herramientas de evaluación de los servicios de salud para determinar los avances en la atención posterior a la violación de acuerdo con los indicadores establecidos. En respuesta a ello, la Oficina ha colaborado con varios Estados Miembros en la elaboración y puesta a prueba de una herramienta de evaluación rápida de los servicios para la atención posterior a la agresión sexual. Esta herramienta podría mejorar el seguimiento de este indicador más allá de los países piloto (Argentina, Colombia, Honduras, Perú) y ayudar a mejorar la calidad de la atención posterior a la agresión sexual.