Muchos países de la Región de las Américas siguen trabajando con el fin de mejorar la capacidad resolutiva del primer nivel de atención. Varios países, como Belice, Bolivia (Estado Plurinacional de), Canadá, Chile y Honduras, han formulado políticas y estrategias encaminadas a mejorar el acceso a la atención primaria, brindar apoyo a los profesionales de la salud, aumentar la capacidad para abordar las enfermedades crónicas, mejorar los cuidados preventivos y paliativos, y promover la integración de las redes de salud, incluido el uso de la telesalud. Otros países, como Argentina, Costa Rica, Ecuador y Guyana, se han concentrado en fortalecer la gobernanza, mejorar la infraestructura, fomentar la colaboración intersectorial y reforzar los servicios de salud maternoinfantil. A pesar de estos esfuerzos, todavía queda mucho por hacer, en particular en lo que respecta al fomento de la integración de los servicios de salud con un enfoque de equidad. La continuidad de esta labor es crucial para lograr un impacto a largo plazo en los resultados de salud.

En términos generales, la mayor parte de los países están bien encaminados en lo que se refiere a las medidas para prevenir la dependencia de los cuidados. El movimiento de la Década del Envejecimiento Saludable ofrece una gran oportunidad para promover esta agenda e impulsar a los países a adoptar medidas que conduzcan a la atención integrada y a la acción intersectorial, especialmente en lo que respecta a entornos propicios y la protección de los derechos de las personas mayores.

La Oficina Sanitaria Panamericana seguirá brindando apoyo a los países en riesgo en la realización de campañas de seguimiento para actualizar el estado de vacunación de menores de 5 años no vacunados. De esta forma se debería mejorar la cobertura de la vacunación con las vacunas SRP-1 y SRP-2 para fines del 2023. Los países presentan los datos del 2023 en el primer trimestre del 2024 por medio del formulario electrónico para la notificación conjunta de la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Desde el 2020 se ha observado una disminución de la cobertura de la vacunación con la tercera dosis de la vacuna antineumocócica conjugada. En el 2023 se observó una mejora muy leve en comparación con el 2022 (81% frente al 80%). Esto, junto con la mejora de la cobertura de otras vacunas (por ejemplo, la pentavalente), podría indicar que la cobertura de la vacunación con tres dosis de vacuna antineumocócica conjugada ha comenzado a recuperarse. Es importante seguir de cerca el progreso de los Estados Miembros.

Los países de la Región de las Américas han hecho grandes esfuerzos para incorporar la vacuna en sus esquemas nacionales de vacunación; al 31 de diciembre del 2023, solo cuatro no habían introducido la vacuna contra el VPH. En 26 países de la Región se está vacunando a la población infantil, y 12 países han pasado a un esquema de dosis única.

Los servicios de rehabilitación son un componente fundamental de un sistema de salud, y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha estado trabajando con los Estados Miembros para evaluar las necesidades (análisis STARS) y formular planes estratégicos encaminados a aumentar la disponibilidad de servicios de rehabilitación y el acceso a los mismos en la Región de las Américas. La Asociación Americana del Habla, Lenguaje y Audición (ASHA), organización no gubernamental que mantiene relaciones oficiales con la OPS, ha proporcionado capacitación sobre terapia del habla y el lenguaje a prestadores de servicios de salud para aumentar la capacidad en esta área. Sin embargo, persisten muchos desafíos en cuanto al fortalecimiento general del sistema de salud relacionados con la rehabilitación, como la capacidad limitada y la insuficiencia de recursos humanos y financieros.

Como parte del proceso de desinstitucionalización, se impartió un curso de gestión de crisis de salud mental a socorristas de Saint Kitts y Nevis y Bahamas. Los procesos de desinstitucionalización se aceleraron en varios países para efectuar la transición a servicios basados en la comunidad. Por ejemplo, Paraguay ha avanzado en la transición de los pacientes de un hospital psiquiátrico nacional a la atención de salud mental integrada en la comunidad, y el año pasado brindó apoyo a 156 pacientes en nuevos centros municipales. La respuesta móvil a las crisis adquirió más prominencia como alternativa frente a las hospitalizaciones. Otro ejemplo es el servicio de respuesta a emergencias de Bahamas, que ha prevenido hospitalizaciones evitables. Ahora hay programas similares de asistencia en tres provincias argentinas.

Este indicador forma parte de las 12 metas para el desempeño en materia de seguridad vial mundial derivadas del mandato de la resolución WHA69.7 de la Asamblea Mundial de la Salud, adoptada en mayo del 2016, en la que los Estados Miembros pidieron a la OMS que facilitara un proceso transparente, participativo y sostenible con todas las partes interesadas para ayudar a los países interesados a establecer metas mundiales de desempeño para los principales factores de riesgo y los mecanismos de prestación de servicios a fin de reducir las muertes y los traumatismos causados por el tránsito. Este indicador, que fue adoptado por los Estados Miembros tras un largo proceso de consultas técnicas, ayudará a orientar la acción y a garantizar la medición de los avances a nivel nacional y mundial.
El tiempo de respuesta, es decir, los minutos transcurridos desde la activación del sistema hasta la llegada de atención especializada al lugar de los hechos, permite analizar el desempeño del sistema de salud, especialmente en lo que se refiere a la prestación de atención de urgencia. Este indicador facilita el análisis de la prestación oportuna de la atención de urgencia y permite detectar ineficiencias y brechas en el sistema a fin de trabajar en los mecanismos necesarios para fortalecer, ampliar y racionalizar la atención de urgencia. Aunque no hay consenso sobre un tiempo de respuesta específico para los traumatismos, se instó a los países a que establecieran un objetivo al respecto en sus estrategias nacionales de seguridad vial y a que trataran de alcanzarlo. Esto implica contar con un número de teléfono único para todas las llamadas de urgencia, con cobertura nacional (este número se usa en todas las zonas y no hay otros números), servicios integrados de recepción de llamadas y despacho, y disponibilidad de servicios de ambulancia capaces de proporcionar una atención de buena calidad en el lugar de los hechos, traslado y transporte, traspaso y triaje, etc. Los sistemas de datos que miden intervalos de tiempo clave (por ejemplo, mediante el registro y análisis sistemáticos del tiempo de respuesta a nivel nacional o subnacional) son esenciales para mejorar el desempeño y la calidad del servicio. Aunque estas funciones podrían desempeñarse de diferentes maneras según los recursos disponibles, se pueden realizar mejoras asequibles y sostenibles de acuerdo con cada situación, sobre la base del marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Para lograr este resultado intermedio, los tres niveles de la OMS, junto con sus homólogos de los ministerios de salud y otras partes interesadas pertinentes, están trabajando para evaluar los sistemas de atención crítica y de urgencia con la herramienta ECCSA de la OMS. Esta herramienta de planificación estratégica fue diseñada para ayudar a los ministerios de salud a evaluar su sistema de atención de urgencia, detectar brechas y establecer prioridades para el desarrollo del sistema. Esto incluye la adopción de leyes y normas, la creación de protocolos para guiar al personal en procesos críticos, la garantía del cumplimiento de las normas por medio de certificaciones y el establecimiento de procesos para la acreditación de la calidad y la seguridad del servicio. Del 2022 al 2023 se llevaron a cabo cuatro evaluaciones de sistemas de atención crítica y de urgencia en la Región de las Américas.
Además, se promovió una estrategia de formación de instructores para ofrecer el curso de capacitación en atención básica de urgencia de la OMS y el Comité Internacional de la Cruz Roja en cascada, a fin de reforzar la capacidad de los equipos de respuesta inicial. Se obtuvo financiamiento para poner en práctica estas herramientas y otras elaboradas por la OMS con el fin de fortalecer la atención de urgencia en los países prioritarios.

La violencia sexual es un problema especialmente grave en la Región de las Américas que requiere la intervención oportuna del sistema de salud para mitigar las consecuencias para la salud y el bienestar de las personas sobrevivientes. La necesidad de contar con servicios integrales de atención posteriores a la agresión sexual (es decir, después de la violación) en los servicios de salud de urgencia se reitera en la Estrategia y plan de acción sobre el fortalecimiento del sistema de salud para abordar la violencia contra la mujer, en la que se define la atención posterior a la violación con inclusión de lo siguiente:
a) apoyo de primera línea y primeros auxilios psicológicos;
b) anticoncepción de urgencia para las mujeres que solicitan atención dentro de los cinco días siguientes al incidente;
c) derivación para un aborto seguro si la mujer queda embarazada como consecuencia de la violación, cuando dichos servicios estén permitidos en la legislación nacional;
d) profilaxis posterior a la exposición a las infecciones de transmisión sexual o al VIH, según los protocolos aplicables;
e) vacunación contra la hepatitis B.
La Oficina Sanitaria Panamericana (la Oficina) ha brindado apoyo a los Estados Miembros en el fortalecimiento de la respuesta del sistema de salud a la violencia sexual, incluso mediante la mejora de los protocolos de los sistemas de salud y la capacitación del personal. Un análisis reciente de los protocolos de los sistemas de salud reveló que las referencias textuales a estos servicios esenciales de atención después de una violación siguen siendo limitadas. Por ejemplo, el 54% de los Estados Miembros hacen referencia al apoyo de primera línea en sus protocolos, mientras que el 43% menciona la vacunación contra la hepatitis B, lo cual muestra importantes lagunas. Aunque una referencia textual a estos criterios no significa necesariamente que los servicios correspondientes estén disponibles y sean accesibles, es importante, como punto de partida, que se los mencione específicamente en los protocolos que describen la respuesta del sistema de salud a la violencia contra las mujeres. Cabe destacar que un obstáculo en esta área es la falta de herramientas de evaluación de los servicios de salud para determinar los avances en la atención posterior a la violación de acuerdo con los indicadores establecidos. En respuesta a ello, la Oficina ha colaborado con varios Estados Miembros en la elaboración y puesta a prueba de una herramienta de evaluación rápida de los servicios para la atención posterior a la agresión sexual. Esta herramienta podría mejorar el seguimiento de este indicador más allá de los países piloto (Argentina, Colombia, Honduras, Perú) y ayudar a mejorar la calidad de la atención posterior a la agresión sexual.

Si bien la calificación actual de este indicador es “sin avances” debido a un retroceso respecto de la línea de base, los sistemas regulatorios de la mayoría de los países están avanzando hacia el nivel de madurez 3. Algunos ejemplos de los avances logrados en los países que están encaminados para alcanzar la meta del indicador son los siguientes:

1) mayor capacidad para aplicar la Herramienta mundial de la OMS para la evaluación de los sistemas regulatorios nacionales de productos médicos (conocida como GBT, por su sigla en inglés);

2) mayor participación en una lista de expertos para evaluar la capacidad regulatoria;

3) mejor detección de las brechas;

4) definición de planes de desarrollo institucional con miras a incrementar su nivel de madurez, de acuerdo con los criterios definidos.

Se están realizando esfuerzos adicionales para guiar y apoyar a las autoridades regulatorias nacionales de referencia regional de América Latina (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba y México) en su transición para convertirse en autoridades incluidas en la lista de la OMS por medio de un procedimiento simplificado que posiblemente no requiera una evaluación completa de la capacidad regulatoria, sino solo una demostración de su desempeño.

La Oficina Sanitaria Panamericana sigue proporcionando cooperación a los Estados Miembros en la formulación, aprobación y ejecución de planes nacionales sobre seguridad radiológica de conformidad con las normas básicas internacionales de seguridad. Si bien la mayor parte de los Estados Miembros están usando las normas básicas de seguridad para establecer normas nacionales o actualizarlas y han usado criterios operacionales en el ámbito de la seguridad radiológica, les llevará tiempo efectuar los cambios necesarios en los sistemas nacionales de protección radiológica para cumplir plenamente los requisitos establecidos en las normas básicas internacionales de seguridad. Se prevé que la meta se alcance para fines del 2025.

La Oficina Sanitaria Panamericana sigue proporcionando cooperación técnica a los países (incluidos algunos que no están incluidos en la meta para el 2025) para el establecimiento de mecanismos y sistemas oficiales a fin de supervisar la calidad de los servicios farmacéuticos, como parte de las redes integradas de servicios de salud. Brasil y El Salvador están avanzando en el establecimiento de mecanismos para supervisar la calidad de las farmacias. Aunque no hubo acuerdo en relación con dos países meta sobre la calificación específica del indicador, se reconoció que hubo avances en ambos casos.

Solo un país ha alcanzado la meta de este indicador, aunque se informa que otros tres están encaminados para hacerlo en el 2025.

Los indicadores de protección financiera en el marco de los Objetivo de Desarrollo Sostenible (gastos catastróficos que empobrecen a los hogares) se elaboran a partir de encuestas de hogares que recopilan datos pertinentes. Estas encuestas se llevan a cabo en los países en distintos momentos, pero casi siempre a intervalos de cinco o diez años. Muchos países tienen grandes dificultades para realizar estas encuestas, lo cual provoca un retraso de varios años en la disponibilidad de los datos.

Solo cuatro países de la Región de las Américas (Bolivia [Estado Plurinacional de], Estados Unidos de América, México y Perú) estarían en condiciones de calcular estos indicadores y cuentan con datos sobre dos años o más (puntos de datos) del período 2019-2025 (o años adyacentes pertinentes) para calcular la variación. Otros cuatro países (Colombia, El Salvador, Panamá y República Dominicana) tienen actualmente un punto de datos para los años pertinentes o adyacentes, y podrían concluir la medición hacia el final del período, en el 2025. Por lo tanto, se recomienda eliminar su medición o simplemente limitar la línea de base y la meta de los indicadores a los países sobre los cuales haya suficientes datos.

La Organización Panamericana de la Salud da seguimiento a estos indicadores en colaboración con la Organización Mundial de la Salud. Se proporciona capacitación a los países para que los usen, y se alienta a que lo hagan, a fin de que puedan hacer encuestas y analizar los resultados. Más recientemente, la Oficina Sanitaria Panamericana ha comenzado a analizar los factores determinantes que contribuyen a la falta de protección financiera. Esto permitirá a los países contar con más evidencia para mejorar sus políticas.

Durante el bienio, los países de la Región de las Américas avanzaron en la mejora de sus sistemas de control de los alimentos a fin de prevenir y mitigar los riesgos para la inocuidad de los alimentos. La Oficina Sanitaria Panamericana ha proporcionado orientación técnica a varios países (Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Ecuador, Honduras, Panamá, Perú, Paraguay y Uruguay) para mejorar sus sistemas de control de alimentos sobre la base de los principios del análisis de riesgos (gestión de riesgos, evaluación de riesgos y comunicación de riesgos).

Los logros de los países incluyen la formulación de políticas nacionales de inocuidad de los alimentos y programas del Codex Alimentarius para el establecimiento y la aplicación de normas de la granja a la mesa con un enfoque de “Una salud” (Guatemala, Guyana, Honduras, El Salvador). Además, Colombia, Haití, Paraguay y República Dominicana están mejorando la capacidad de sus mercados tradicionales de alimentos a fin de prevenir los riesgos emergentes para la inocuidad de los alimentos en el marco del enfoque de “Una salud”. En el Caribe se hizo una encuesta con el propósito de evaluar la preparación de los sistemas de control de los alimentos para mitigar los riesgos relacionados con el cambio climático (Barbados, Guyana, Jamaica, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, y Trinidad y Tabago). Sobre la base de los resultados de esta encuesta, Barbados y Trinidad y Tabago elaboraron planes nacionales de inocuidad de los alimentos resilientes al clima. Uno de los principales desafíos para alcanzar el indicador a nivel de país es la alta rotación de los funcionarios de la administración pública. Se comprobó la importancia de facilitar la colaboración entre sectores y hacer un seguimiento regular de la ejecución de las políticas, los programas y los planes elaborados. La Oficina Sanitaria Panamericana ha movilizado recursos con el fin de mejorar y armonizar la capacidad de los países de América Latina para efectuar análisis de riesgos en materia de inocuidad de los alimentos.