* Desde la última evaluación, realizada en 2024, se ha dispuesto de información actualizada que ha requerido un cambio en la línea de base y meta.
La Región de las Américas es la única región que ha registrado un aumento sostenido de la mortalidad por suicidio en los dos últimos decenios. El suicidio afecta de forma desproporcionada a la población más joven, ya que el 58% de las muertes se producen antes de los 50 años, y es la tercera causa principal de muerte entre los 15 y 19 años. Las tasas son más altas en las personas mayores, especialmente en los hombres de 80 años o más. Los Pueblos Indígenas y los grupos rurales registran una mortalidad por suicidio desproporcionadamente alta en varios países.
Según las estimaciones mundiales de salud más recientes, la tasa de mortalidad por suicidio estandarizada por la edad aumentó de 7,8 por 100 000 habitantes en el 2000 a 9,2 en el 2021, con más de 100 000 muertes en el 2021. Entre la línea de base del 2014 de 8,6 y el 2021, el año más reciente sobre el cual hay datos, el cambio anual consistió en un aumento del 0,9% en promedio, pero para alcanzar la meta regional se habría necesitado una reducción anual de alrededor del 1,0%.
Esta trayectoria difiere notablemente de la meta del Plan Estratégico de la OPS 2020-2025, que proponía una reducción a 7,0 por 100 000 habitantes para el 2025, mientras que la tasa proyectada para el 2025 es de 9,5. A nivel nacional hay signos tanto de avances como de retrocesos: entre el 2010 y el 2021, 12 países registraron disminuciones estadísticamente significativas, 12 se mantuvieron estables y 8 registraron aumentos significativos. En consecuencia, este indicador está fuera de curso.
De los 33 países encuestados, 15 (45%) cuentan con estrategias nacionales independientes de prevención del suicidio, mientras que 18 han integrado la prevención del suicidio en políticas más amplias sobre la salud mental. La mayor parte de estas estrategias se publicaron en el 2021 o con posterioridad y, como consecuencia del retraso documentado de varios años hasta que se observan efectos medibles, el impacto observable a nivel poblacional en el período 2010-2021 abarcado por el análisis es muy limitado.
La tasa regional de mortalidad por suicidio en los hombres (14,7 por 100 000) es 3,7 veces superior a la observada en las mujeres (4,0). A pesar de ello, la evidencia apunta a una paradoja, con mayores tasas de intentos de suicidio en las mujeres, pero mayor letalidad en los hombres, debido en gran medida a las diferencias en los métodos utilizados y en los comportamientos de búsqueda de ayuda. Los análisis de series temporales interrumpidas en toda la Región muestran que la adopción de una estrategia de prevención del suicidio guarda una relación significativa con disminuciones sostenidas de la mortalidad. Tras la aplicación de estrategias de ese tipo, las tasas de suicidio bajaron un 3,0% al año en los hombres y un 2,55% en las mujeres. Las pocas intervenciones para restringir el acceso a los medios de suicidio siguen siendo una brecha crítica, a pesar de la evidencia sólida de su eficacia.
Estos hallazgos aportan evidencia valiosa que puede utilizarse para fortalecer la prevención del suicidio en la Región de las Américas, especialmente en vista de que este indicador sigue siendo una prioridad regional en el Plan Estratégico de la OPS 2026-2031.
Priorizar la elaboración de estrategias de prevención del suicidio en aquellos países que aún no tengan una y, en aquellos países que ya cuentan con una, trasladar el enfoque hacia la aplicación eficaz, la coordinación intersectorial y el financiamiento sostenible.
Crear enfoques de prevención adaptados a las circunstancias particulares, basados en investigaciones y en otros tipos de evidencia sobre los factores estructurales que afectan a mujeres y niñas.
Acelerar las medidas para reforzar la regulación de los plaguicidas y las políticas de acceso a armas de fuego, adaptadas a los contextos nacionales.
Invertir en sistemas de vigilancia y en la calidad de los datos, especialmente en países y territorios pequeños, para mejorar el seguimiento, el análisis de las brechas y la formulación de políticas basadas en la evidencia.